Indignación y desconfianza
La natural indignación provocada al conocerse el último escándalo de corrupción en la administración pública cede ahora el paso a la desconfianza acerca del tratamiento que le darán las instancias judiciales correspondientes, y la casi certidumbre de que no habrá reparación del daño económico infligido al Estado por los ítems fantasma.
Esa indignación resulta, en primera instancia, de la magnitud de la estafa perpetrada en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y se replica al conocerse la negligencia, ¿o complicidad? de funcionarios de la Fiscalía respecto del caso, denunciado más de una vez, y desde hace seis meses.
El caso de los ítems fantasma en la Alcaldía cruceña fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en mayo de este año, por la misma administración edil. Y ahí quedó.
Meses después, otra denuncia sobre el mismo tema fue presentada al Ministerio Público, esta vez, por la exesposa del principal involucrado en el asunto y en el marco de un problema familiar.
“¿Por qué no siguieron el proceso en la Fiscalía si tenían conocimiento del archivo completo (del caso) desde hace dos meses?”, se preguntaba, a principios de diciembre, la exesposa del exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.
“Era una red de corrupción instituida en el municipio por más de 10 años. Pedimos al Ministerio Público que no nos dé la espalda otra vez”, aseguraba la Secretaria de Transparencia de la Alcaldía cruceña, comentando la primera asignación al caso, de un fiscal que hace un año estuvo trabajando en una dirección esa Alcaldía.
“Le pido tanto al fiscal asignado como al departamental que, por ética, se aparten del caso porque desde el principio estamos notando irregularidades”, decía la funcionaria edil hace más de dos semanas.
La ausencia de esa ética —que invoca y reclama la Secretaria de Transparencia de la alcaldía afectada— y la certidumbre colectiva de que la mayoría de funcionarios fiscales y judiciales carecen de escrúpulos motivan la desconfianza acerca del correcto tratamiento del caso.
Es una desconfianza antigua que se incrementó muchísimo en los casi 14 años de gestión de Morales, con las decenas de casos de corrupción y daño económico al Estado que jamás fueron resueltos y cuyos responsables están libres de proceso e incluso premiados con altos cargos.
Y ahí reside el daño mayor que provoca la corrupción: la impunidad para los involucrados y la disolución y olvido de esos hechos delictivos, en los laberintos judiciales los naturalizan, se vuelven “normales” de tan numerosos.
Otros casos de ítems fantasma se develaron a partir de los 800 en la Alcaldía cruceña. ¿Cuántos más habrá y en qué instancias estatales? Es un misterio que tendría que preocupar al jefe de Estado, que ocupa esa función por la confianza depositada por el 55 por ciento de los electores.