El enorme fantasma de la corrupción

Entre 800 y 1.200 ítems fantasma repartidos en el Gobierno municipal de Santa Cruz dan cuenta del nivel extremo de corrupción institucional alcanzado. Esta enorme cantidad de personal existente sólo en las planillas para fines de cobro y latrocinio, únicamente es posible en un escenario de complicidades y beneficios ilegales que, seguramente, abarca a una extensa capa de funcionarios jerárquicos y, necesariamente, a las máximas autoridades, al menos del ejecutivo municipal. Así como es imposible que alguien no sepa que un elefante se ha metido en su living, no es concebible que durante años alcalde o alcaldesa, secretarios municipales, directores y jefes de unidad no percibieran que un 20 por ciento de sus planillas estuviera ausente o simplemente no existiera.

La investigación fiscal y judicial ojalá devele la trama mafiosa, la desarticule y sancione a los responsables, recuperando el dinero que es de todos los cruceños. Sin embargo, como ya se ha empezado a conocer, los ítems fantasma habían sido un mecanismo de enriquecimiento ilícito aplicado en otras alcaldías como la de Warnes y en otras instituciones públicas como la Caja Nacional de Salud. ¿Cómo andarán de fantasmas los ministerios, las empresas públicas, las gobernaciones y las otras alcaldías? ¿Habrá fantasmas también en las universidades autónomas?

Tal vez el hilo nos lleve a la madeja de una “cultura” corrupta generalizada que, por décadas, supone que los bienes públicos son patrimonio privado de las autoridades, de los grupos de poder o de los partidos. El patrimonialismo junto al autoritarismo y la impunidad están a la base de esta cultura corrupta, que no sólo le roba recursos imprescindibles a la comunidad, sino que socava la credibilidad de los líderes y gobernantes, de los partidos y del propio sistema democrático.

No es posible generalizar, pero la corrupción ha estado presente estos 40 años en casi todos los gobiernos, por lo que resulta a veces cómico que los entusiastas denunciantes de hoy sean los escurridizos corruptos de ayer. La consigna masista de “ahora es cuando”, referida a la oportunidad histórica de los excluidos, fue degradada hasta convertirse en el turno para el raterío. Por eso se pasó, con gran facilidad, de la corruptela interminable del “proceso de cambio” al pillerío apresurado del gobierno transitorio.

Sin embargo, la sola “conceptualización” de la madeja nos puede situar en la contemplación analítica, cuando más bien, de acuerdo con nuestra experiencia en la alcaldía de La Paz durante 10 años, establecimos que sí era posible combatir la corrupción, al menos en los gobiernos locales. Las todavía nuevas autoridades subnacionales deberían emprender, de inmediato, las tareas de un triple saneamiento, como punto de partida:

1. Saneamiento institucional, imponiendo el cumplimiento estricto de las leyes y las normas en todo el desempeño gubernamental interno, el respeto a mayorías y minorías deliberantes, al tiempo que se redefine la estructura organizacional eliminando la burocracia, definiendo con claridad objetivos, tiempos y responsables de una acción de gobierno planificada que tiene como principio y fin el interés de la comunidad y no el de los partidos.

2. Saneamiento financiero, haciendo un relevamiento riguroso de gastos e ingresos, recortando partidas innecesarias, racionalizando el gasto salarial ejecutivo, implantando la austeridad del gasto, promoviendo acuerdos público- privados, y estableciendo planes para el refinanciamiento de la deuda y la creación de nuevas fuentes de ingresos.

3. Saneamiento ético, investigando y sancionando todos los casos de corrupción denunciados, priorizando auditorias, eliminando el cuoteo y el prebendalismo partidario en los cargos, informando a la población de manera transparente todo el destino del dinero público, planillas, sueldos, contratos etc. y creando mecanismos de participación ciudadana en el control de la gestión.

Esto y mucho más, amén de investigarse, es lo que debe hacerse en el municipio de Santa Cruz y en todos los gobiernos departamentales, de las ciudades capitales y El Alto, porque de lo contrario los casos de corrupción estallarán en la cara de los nuevos gobernantes, inviabilizando sus gestiones.

Los hechos consumados tienen que sancionarse judicialmente, pero, sabiendo que nuestra justicia es también fantasmagórica, una visión preventiva estructural podría ser el camino indicado, al tiempo que desnaturalicemos la corrupción, construyendo una verdadera cultura ética y democrática.

Con ese título que lleva como premisa: “balance y perspectiva”, se realizó recientemente un foro organizado por el Tribunal Electoral que se hizo efectivo con el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En esa ocasión, con la Constitución en sus manos, los integrantes del Tribunal Electoral que organizaron dicho foro, debieron hacer conocer cómo están en la actualidad “la Democracia y la Gobernanza” en Bolivia.

El Tribunal Supremo Electoral debe ejercer sus funciones dando estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, independientemente de opiniones contrarias a la suya. Quebrantó esa regla en dos ocasiones.

Al término de dos gestiones consecutivas correspondientes al mandato otorgado al presidente de la República, Evo Morales, tuvieron los entonces integrantes del Tribunal Supremo Electoral ocasión por primera vez de actuar con independencia de criterio. Concluidas esas dos gestiones, el gobernante estaba impedido de presidir el Estado en otro período constitucional por imperio de la Constitución, pero se empeñó en ello.

El TSE tienen la obligación ineludible de hacer conocer cómo están realmente en la actualidad “la Democracia y la Gobernanza” en Bolivia.

A fin de lograr ese propósito, solicitó al Tribunal Constitucional, por intermedio de algunos parlamentarios, que declaren totalmente legal esa posibilidad, en abyecta sumisión al Poder Ejecutivo, ese guardián de la Constitución, declaró que la primera de esas dos gestiones tuvo origen en el régimen constitucional anterior y que, en consecuencia, el cómputo de períodos de gobierno debe efectuarse únicamente en relación a las normas de la Constitución actual.

Ante esa aberrante resolución, correspondía a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral rechazar de plano esa violación de la Constitución y exigir el estricto cumplimiento de la regla establecida que permite la reelección de gobernantes una sola vez de manera continua.

Contrariando a la Constitución, Evo Morales fue electo para presidir la República en una tercera gestión. Luego, con ánimo de gobernar después nuevamente, a fin de introducir con ese propósito una enmienda a la Constitución, hizo una consulta al pueblo soberano mediante referéndum, Su insólita petición fue rechazada.

Ese repudio no impidió su anhelo de continuar gobernando. Pidió, igualmente a través de parlamentarios, que el Tribunal Constitucional declare que la regla que pone plazos para ejercicio de la función de gobierno atenta contra los derechos humanos a que hace referencia el pacto de San José de Costa Rica. En vista de esa segunda transgresión a la norma, el Tribunal Electoral no debía permitir que se realice el acto pretendido.