La crisis de los partidos
A 10 días del fin del plazo para cumplir ciertas disposiciones de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, el panorama boliviano de los partidos y otras alianzas que han participado en las últimas elecciones —generales en octubre de 2020 y subnacionales en marzo de 2021— refleja la dinámica de esas entidades en la vida política de las últimas dos décadas. La adecuación de los estatutos de los partidos a la Ley 1096 tiene que ver con “la elección de sus dirigencias y candidaturas, así como a las condiciones, exigencias o requisitos de género y generacionales y referidas a la prevención, atención y sanción del acoso y/o violencia política hacia las mujeres”, y otros aspectos formales. Solo el MAS ya ha cumplido con esa exigencia.
“La ley no establece una sanción específica, pero se entiende que después del 31 de diciembre ya no va a ser posible hacer la adecuación de los estatutos de las organizaciones políticas. En consecuencia, las organizaciones no estarían en derecho ni adecuadas a la ley”, explicaba un vocal del Tribunal Supremo Electoral al diario Eldeber.
Aparte de las elecciones judiciales —que tendrían que realizarse en diciembre de 2022 y en la que no participan ni partidos ni organizaciones políticas— no hay otras en perspectiva hasta 2025, cuando deben tener lugar las generales, y 2026, las subnacionales.
Así, parece no existir urgencia para los partidos ni otras organizaciones activas en la vida política nacional o subnacional. Aunque existen algunos que se afanan en cumplir la adecuación de sus estatutos a la ley.
Es el caso de Unidad Nacional (UN), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que están en diversos grados de avance en el proceso para cumplir lo que exige la ley.
Otros, como el Frente Para la Victoria (FPV) cuya sigla ha sido utilizada en varias elecciones por candidatos carentes de una organización que los respalde, se muestran muy discretos en lo que hacen.
Todo ello refleja la dinámica de esas organizaciones: se afanan cuando se trata de cumplir plazos, en general electorales, y el resto del tiempo están inactivos o poco menos.
Es decir que, en los hechos, vivimos una especie de régimen de partido único, pues, si bien existen varias “organizaciones políticas de alcance nacional, con estructura y carácter permanente”, según especifica la ley que los regula, casi todos se activan sólo en la perspectiva de elecciones y el único de acción permanente es el MAS.
Las razones para esta situación tienen que ver esencialmente con la ausencia de nuevos liderazgos, según coinciden los analistas. Es de esperar que esa situación cambie en el tiempo que nos separa de las próximas elecciones generales y subnacionales.