Ataque a la educación privada
La decisión del Ministro de Educación de reducir hasta un 30% las pensiones de los colegios particulares para las modalidades semipresencial y a distancia, además de ser un abuso ilegal, es una clara muestra de lo que un gobierno puede hacer cuando ha cooptado los distintos poderes u órganos del Estado.
Esta incongruencia es obscena: cuando los colegios particulares solicitan un incremento en las pensiones al Ministerio de Educación, éste transfiere esa responsabilidad al Ministerio de Economía, pero cuando algunos padres de familia políticamente afines piden reducción en las mensualidades, ahí, con todo comedimiento, el Ministerio de Educación es el que decide cuánto se reduce la pensión mensual.
El Ministerio obliga a los colegios y a los padres de familia a firmar un contrato de prestación de servicios, pero es el propio Ministerio quien viola esos contratos al intervenir arbitrariamente y definir el costo del servicio educativo, sin percatarse (o quizás haciéndolo a propósito) de que los sueldos de los educadores deben permanecer invariables independientemente de la modalidad de atención y de que, en los dos últimos años, los colegios privados han sido uno de los sectores más dañados por las determinaciones de las autoridades.
Otros ámbitos de la economía han recibido distintos tipos de incentivos gubernamentales para salir de la crisis originada por la pandemia, pero la educación privada, ninguno; al contrario, ha sido sometida a un trato indigno.
El Gobierno se jacta de que en la actual gestión se ha llegado a un crecimiento económico superior al 9%; basta ver las gigantografías oficiales esparcidas por todo el país para constatar la afirmación gubernamental —a no ser que se nos esté mintiendo. ¿Tiene sentido entonces someter a la educación privada a este trato? No olvidemos también que, desde hace varios años, el incremento de las pensiones autorizado por el Gobierno ha sido siempre inferior al incremento salarial para docentes y administrativos que debe cubrir la institución privada, generando una brecha financiera cada vez más difícil de asumir.
Cabe recordar también que, además de ofrecer una formación notoriamente de mayor calidad que la pública, la educación privada contribuye con impuestos — lo mismo que una empresa con fines de lucro—, genera empleos, ahorra al Estado la necesidad de invertir en infraestructura y en pago de sueldos de maestros y permite a los padres de familia ejercer su derecho constitucional de elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.
Pero, más allá de esto, también existe una trágica actitud de ciertos padres de familia que no se ubican y actúan incoherentemente. Quieren tener a sus hijos en colegios particulares, en muchos casos para conservar un estatus social, pero no se adaptan a la realidad de sus ingresos y quieren que el colegio privado subvencione sus aspiraciones mal calculadas. Luego esto acaba en cantaletas quejumbrosas, muy bien cubiertas por ciertos medios de comunicación, pero que no hacen más que denotar una idiosincrasia pedigüeña y oportunista que va ganando terreno en nuestro país. Esta gente, habitualmente, es reacia a inscribir a sus hijos en colegios fiscales, pero también complota contra la estabilidad de los colegios particulares. Una nueva versión de la fábula del perro del hortelano.
No cabe duda de que la educación privada no es homogénea y existen distintos niveles o calidades de colegios. Los hay buenos, regulares y mediocres, sin embargo, una medida como la del Ministerio no ayuda a que ninguno de estos tipos de colegio mejore en la calidad de su servicio.
Aquí se cumple una triste realidad: Vivimos años en los que el Estado boliviano se pone en contra de las iniciativas de la sociedad civil destinadas a ofrecer mejores servicios a los niños y a los jóvenes. Mientras el Gobierno no entienda que la educación particular es una aliada y no una enemiga, que los colegios particulares no están para ser destruidos, sino para aprender de ellos, nuestro sistema educativo, como dice la samba, irá “nadando pa’ dentro”.