El caso Borda
Son cada vez más frecuentes las denuncias de nepotismo en la administración pública, pero ninguna de ellas se iguala a aquella que formulara el diputado oficialista Rolando Cuéllar contra el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Borda.
Según la referida sindicación, Borda ha usado el poder que le otorga su cargo sindical no solamente para beneficiarse a sí mismo, con una declaratoria en comisión por largos años y con un sueldo elevado para los estándares del sector, sino que en la actualidad cinco de sus familiares y allegados trabajan en la petrolera estatal o sus subsidiarias; por si esto fuera poco, este dirigente sindical, que fue candidato masista a la gobernación cruceña, está involucrado en las declaratorias en comisión, afirma Cuéllar, de otros 146 sindicalistas petroleros, quienes, al igual que Borda, perciben elevados salarios.
Lo que resulta curioso y hasta sorprendente es que Borda no negara esta denuncia: por el contrario, se ha defendido con argumentos poco convincentes e incluso ha amenazado a Cuéllar al afirmar, en una reunión de sus seguidores, que el poder fiscalizador de un legislador no está por encima del poder de un dirigente sindical.
Hace casi dos semanas, la petrolera estatal emitió un comunicado sobre las denuncias de Cuéllar, en el que promete una investigación, pero hasta el momento no se ha pronunciado, pese a que el parlamentario ya ha anunciado una querella contra Borda por legitimación de ganancias ilícitas, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Las sindicaciones contra Borda son muy serias y han revelado la penetración del poder corporativo y sindical en las empresas del Estado, a tal grado que ponen en entredicho la tan publicitada “refundación” de YPFB para que funcionara mejor en manos públicas; la petrolera debería caracterizarse por una gestión técnica, pero hoy proyecta la imagen de ser un botín político. Bajo una conducción partidaria, lo único que se puede esperar es que las empresas públicas ocasionen un mayor déficit fiscal y no contribuyan a la reactivación económica. El político nunca fue un buen empresario.
El caso de Borda no puede quedar, como otros, sin esclarecimiento. Debe ser investigado para que se determine si cinco de sus familiares o allegados trabajan o no en la petrolera estatal y sus subsidiarias y si, gracias a su influencia, otros dirigentes sindicales fueron declarados en comisión para percibir salarios sin trabajar. Es necesario poner un límite a la politización de las empresas públicas, que funcionan con los impuestos de los contribuyentes, y también a la arbitrariedad de dirigentes sindicales como Borda, quienes se creen propietarios de las empresas estatales y que piensan que ejercen un poder tal que los sitúa por encima de las normas que nos regulan a todos.