Bolivia y su polémica adicción a las temidas variedades de glifosato.
CONTROVERSIA Este herbicida es utilizado masivamente en Bolivia y su consumo ha crecido en progresión geométrica. Sus defensores señalan que, bien manejado, es menos peligroso que la carne
Para sus productores, consumidores y comercializadores, mientras no se pruebe que el herbicida llamado glifosato produce cáncer, será inocente, se lo podrá seguir utilizando. Pero ahí surge un problema: si se prueba que es cancerígeno, habrá constancia de, probablemente, millones de víctimas de este famoso compuesto, y será demasiado tarde. Mientras tanto, sus promotores defienden a este herbicida señalando que es tan cancerígeno como la hierba mate.
Pero acaba de surgir otro problema: ya hay un caso oficialmente probado de cáncer por glifosato que ha derivado, el 11 de agosto, en la sentencia para una indemnización de 289 millones de dólares al jardinero estadounidense Dewayne Johnson, en San Francisco. Antes, en 2015, había sonado una importante alarma: la Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó al glifosato en la lista de sustancias probablemente carcinógenas para los humanos. Y en Bolivia, actualmente y desde hace varios años ya, se suma un problema adicional: el glifosato, e incluso agrotóxicos peores, se venden sin tregua, controles ni pena.
Este herbicida es obra de una de las transnacionales más polémicas y vituperadas del planeta, debido a sus experimentos con productos alimenticios, la Monsanto. La empresa modificó los genes de especies como el arroz, el maíz, el algodón y la soya para que sean resistentes al glifosato. Así, cuando se fumiga estas plantaciones transgénicas, el agrotóxico mata toda hierba y plaga que las amenace, pero no a estos organismos modificados genéticamente.
Hasta ahí todo pareciera ideal, pero ya en infinidad de ocasiones han surgido denuncias sobre diversos problemas creados por los transgénicos y su infaltable asociado: el glifosato. Pasó en Argentina donde, por ejemplo, la proximidad de silos soyeros o campos rociados con este herbicida a barrios periurbanos causó graves problemas de salud. Se desataron denuncias, airadas protestas y juicios. En Bolivia, especialmente en Santa Cruz, son cada vez más frecuentes silos y zonas de fumigación próximas a vecindarios, aunque aún no hay reclamos.
“Sistematizamos los datos en las poblaciones en que trabajamos con los campamentos sanitarios”, explicó el médico argentino Gabriel Keppl, “nos llamó la atención que dentro de la tasa bruta de incidencia de problemas de salud crónicos apareció el hipotiroidismo, una enfermedad no prevalente”.
Keppl y otro especialista, Gastón Palacios, son médicos y catedrá- ticos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Visitaron Bolivia en junio y describieron aquellos extremos. Abortos espontáneos, hipotiroidismo y varios tipos de cáncer resultaron parte de las consecuencias de la exposición a pesticidas, identificadas en poblaciones aledañas a diversas zo-
nas agroindustriales argentinas.
“Respecto a los datos oficiales de cáncer en Argentina, el año 2012 llegaban a 217 por cada 100 mil habitantes. De pronto, encontramos que en el año 2013 la tasa promedio en las localidades agroindustriales donde hicimos los campamentos sanitarios era de 397,4, casi el doble”, indicó Palacios.
Problemas similares se han presentado en países tan disímiles como Paraguay, Brasil, India y México. Han derivado en intensos conflictos legales y pugnas entre activistas, empresarios y autoridades. Varios otros países, como Francia, Alemania y Sri Lanka, han impuesto normativas estrictas o prohibiciones a este producto.
Las conclusiones de la OMS señalan que el glifosato es un perturbador endocrino. En medio de una sostenida polémica mundial, dicha postura no es compartida por las autoridades científicas europeas (ECHA y EFSA) y las de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Pero los activistas anti transgénicos han denunciado diversas relaciones entre agencias estatales y la Monsanto, empresa estadounidense ahora dependiente de la alemana Bayer.
En Bolivia, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud (SNIS-V), la intoxicación constituye la única consecuencia relacionada a plaguicidas. En 2017, los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz registraron las mayores cifras de esta patología: 368, 248 y 169, respectivamente. Las autoridades no han realizado hasta la fecha investigaciones relacionadas a la prevalencia de abortos espontáneos o cánceres en ninguna región afectada por plaguicidas. Tampoco ha habido iniciativas por parte de las universidades u otras instituciones del área.
En mayo, el Ministerio de Salud anunció el inicio de controles y evaluaciones sobre los agroquími-
cos. “Por primera vez el Ministerio de Salud está trabajando en este tema de evaluación toxicológica de plaguicidas químicos de uso agrícola que ingresan al país”, afirmó el jefe de la Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Daniel Cruz. El funcionario añadió: “Estas sustancias químicas no sólo son riesgosas para quienes consumen los productos agrícolas, especialmente, para quienes manipulan estos plaguicidas sin medidas de protección adecuadas”. Adelantó que en el futuro habría estrictos controles y certificaciones.
Una labor complicada para las autoridades. El consumo de glifosato y otros peligrosos herbicidas va batiendo sus marcas año a año en Bolivia, sin las debidas justificaciones. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salto entre 1999 y 2017 va de una importación de 8 millones a 34 millones de kilos. Un alza de nada menos que un 320 por ciento.
A eso se debe sumar, que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) calcula un 30 por ciento (10,2 millones de kilos) adicio- nal de contrabando. Es decir, ingresan al país alrededor de 44,2 millones de kilos de herbicidas agroquímicos.
Empresarios y algunas autoridades han justificado estos incrementos en la expansión de la frontera agrícola y el mayor rendimiento de los suelos. Por ejemplo, Vicente Gutiérrez, expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz, Sorgo, Frijol y Cultivos Alternativos (Promasor), remarcó que gracias al uso de los agroquímicos el sistema agropecuario de Santa Cruz tuvo un importante desarrollo. Gutiérrez explicó que en la actualidad es impensable no recurrir a los fertilizantes, fungicidas, insecticidas y herbicidas en la labor agropecuaria
“No por el hecho de usar agroquímicos la superficie agropecuaria tendría que aumentar, sino todo lo contrario, pues la idea es producir más en una menor área, tener un sistema intensivo y no extensivo, y para ello el salto a lo transgénico será clave”, precisó Gutiérrez a los medios cruceños.
Sin embargo, las cifras no cua- dran. “No tienen relación con el rendimiento porque éste se incrementó apenas en un 0,6 por ciento, de 4.930 a 4.960 toneladas entre 2000 y 2017”, dice Miguel Crespo, ejecutivo de la sociedad agroecológica Probiotec, “tampoco, hay relación con la ampliación de la frontera agrícola. Ésta ha crecido un 83 por ciento; es decir, de 1,9 a 3,5 millones de hectáreas, aproximadamente. Sin embargo, la importación de agroquímicos supera el 359 por ciento en ese periodo, y son cifras oficiales”.
Y en medio de ese mar de compuestos químicos que llega a Bolivia, lo que prima es el polémico glifosato. Baste señalar que, según datos del INE, en sólo dos zonas de Santa Cruz, “Norte Integrado” y “Expansión del Este”, en 2017, se utilizaron 14 millones de litros de herbicidas. De ese total, 10 millones de litros correspondieron al glifosato. Los 4 millones restantes no implican, precisamente, mejores noticias, pues eran compuestos más tóxicos y más prohibidos internacionalmente.
“Como en diversos casos, las hierbas desarrollan resistencia al glifo-
sato, entonces no pocos productores recurren a otros compuestos”, dice Crespo. Entre esos herbicidas surgen dos cuya fama internacional radica en que son parte de la llamada “docena maldita”. Se trata del Paraquat y el 2-4D.
A nivel mundial se han adelantado movimientos que promueven la prohibición del uso de 12 plaguicidas de alta peligrosidad para la salud humana y la naturaleza. Son considerados, además, los causantes del mayor número de muertes e intoxicaciones en el planeta. Y se los responsabiliza también de contaminación de los recursos agua, suelo y biodiversidad en general. La “docena maldita” también llamada “la docena sucia” ha sido prohibida o controlada en la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, estos herbicidas son usados y hasta promocionados en los países del llamado tercer mundo.
El 2-4 D trae consigo la singular fama de ser componente del “Agente Naranja”, el tóxico que el Ejército de EEUU utilizó en la guerra de Vietnam. Dicho componente ha sido causa de un sinfín de procesos por los daños que causó en la salud tanto de víctimas del rociado como de los propios soldados estadounidenses. Pero en el agro boliviano, especialmente el cruceño, paraquat y 2-4D son parte del particular coctel al que lleva el glifosato.
Y no sólo en el agro cruceño se inyecta el glifosato. No sólo la masiva producción de soya transgénica protagoniza esta virtual adicción al herbicida puesto en el banquillo y sentenciado hace unas semanas en EEUU. El negocio se ha expandido a pequeñas comunidades de agricultores, secciones ornamentales de las alcaldías y hasta a jardineros que realizan servicios privados.
“Acá hay cantidad de parques urbanos y jardineras, y la hierba crece rápido. Sería muy complicado carpir o hacer otras cosas. El ‘glifo’ pela todo, es muy bueno. Sé que lo usan hasta en La Paz”, explica un funcionario edil en el parque cruceño los Mangales I.
Y el “glifo”, así como el Paraquat y 2-4D se hallan al alcance de casi cualquier bolsillo a contados 15 minutos del centro de Santa Cruz. Tienen venta virtualmente masiva en los negocios agroquímicos que se han multiplicado en el mercado del Abasto.
En “Agrotec”, o en “Agroveterinaria el Domador”, o “en Agroveterinaria La Hacienda” y decenas de negocios similares más, la venta no tiene tapujo alguno. En diversas concentraciones, es posible hallar productos chinos, hindúes, brasileños y hasta peruanos. La oferta presenta desde envases de un litro hasta galoneras y tratos de entregas al por mayor. “Este es bueno para toda hierba y plaga”, dice un vendedor, “y tenemos material más fuerte para casos difíciles”.
Está a la vista, constituye un buen negocio. Según el INE, las importaciones de agroquímicos pasaron de 42 millones de dólares, el año 2000, a 291 millones de dólares en 2017. Y a eso habrá que añadir el porcentaje que suma 30 por ciento que llega vía contrabando.
Y claro, constituye un gran negocio en términos globales. Baste citar que tras el fallo de la corte de EEUU por el caso Johnson, una corte brasileña prohibió el uso de los productos que tuvieran glifosato en ese país. Pero, cuatro sema- nas más tarde, otro juez suspendió el fallo bajo un argumento del Gobierno: “Prohibir el glifosato y los otros dos agroquímicos podrían dañar a la economía del país”. Brasil es el mayor productor de soya transgénica del mundo.
Hay alternativas al glifosato y los transgénicos aseguran diversas organizaciones agroecologistas como Probiotec, Fobomade y Bolivia Libre de Transgénicos. Mientras que desde el otro frente (ver recuadro) se asegura que el glifosato es un producto seguro desde hace más de cuatro décadas e irremplazable por méto- dos agroecológicos.
Probablemente, el debate lo zanje alguna institución estatal cuando investigue el estado de salud de las personas que en Bolivia se hallan expuestas a estos polémicos compuestos. Habrá que esperar que, por ejemplo, el creciente número de casos de cáncer que hay en el país no tiene entre sus causales al glifosato y compañía. Mientras tanto, en el mundo, tras el caso Johnson, se han disparado las demandas contra Bayer – Monsanto. La transnacional informó que espera enfrentar al menos 4.000 nuevos procesos.