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Su imagen se hizo conocida a nivel nacional al verla en batallas legales como los casos de la niña Patricia Flores, Andrea Aramayo o del bebé Alexander. Ya ha atendido más de cien causas similares, pero, aun así, al recordarlas, suele emocionarse notoriamente. La abogada Paola Barriga Machicao habló con OH! sobre la tragedia de los feminicidios y los infanticidios en Bolivia.
- ¿Qué razones la impulsaron a trabajar en un área tan llena de adversidades?
-La sensibilidad por el sufrimiento de las familias. Para ellas, estas desgracias implican un peregrinar sin límites. Entonces, mi especialidad como abogada penalista ha generado que pueda servir en este espacio. En el caso de la niña Patricia Flores, que ha sido uno de los más emblemáticos y con el que inicié mi carrera, pude advertir todo lo que conllevaba este drama.
Era un caso que había quedado en la impunidad, prácticamente ya estaba cerrado. Tuve que reabrirlo y reencausarlo. Así hoy tenemos una sentencia condenatoria contra Odón Mendoza, el regente de la escuela, y contra la directora, quien hoy se encuentra prófuga. Sumamos más de 20 años de proceso.
- ¿Cuántos casos de esta clase ya ha atendido?
- Entre infanticidios y feminicidios ya contamos más de un centenar de casos.
- ¿Cuáles le conmovieron más?
- Todos tienen un dolor impresionante. Lo que más me llama hoy la atención es la falta de sensibilidad no sólo de las autoridades, sino también de la sociedad. Recordemos como cuando sucedió el caso de la niña Patricia Flores, cuando se realizó la misa de cuerpo presente, la plaza Murillo se llenó. Estaba repleta, parecía que toda la población se había acercado hasta ese lugar en demanda de justicia.
Ahora seguimos lamentando casos parecidos, pero ya no existe la sensibilidad de la sociedad ni de las autoridades. Las cifras aumentan todos los días. Podemos advertir la muerte de muchas mujeres que enluta a nuestra sociedad, pero la sensibilidad pareciera perdida. Eso no deberíamos tolerar.
- ¿Cuáles han sido sus más importantes victorias y cuáles los que le dejaron sabor a frustración?
- En todos los casos llegamos a sentencias condenatorias, pero uno me marcó porque no pudimos lograr lo que correspondía. Es la muerte de cuatro jovencitas que eran estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Todas las muertes estaban vinculadas a los mismos actores. Pero, lamentablemente, cuando entramos a juicio, los abogados buscaron demostrar que se trataba de suicidios. En el único caso que logramos un juicio acusatorio, el tribunal estableció tres años de condena, por homicidio culposo, y no por feminicidio, como correspondía.
Este caso de Lizeth Mamani me consternó y, además, el caso de las otras tres jovencitas que no logramos sentencia. Hubo fiscales que se prestaron a ese juego y autoridades judiciales que permitieron el cierre de esos casos. También recuerdo el caso de los niños con cáncer donde demandamos a la médico principal por negligencia médica terrible, acá en el hospital del Niño. Eran 14 niños que se iban muriendo todos los días viendo lo que les pasaba. Pero la justicia no esclareció lo sucedido y esa médica sigue en funciones.
También recuerdo a Jessica Burgoa, de Oruro. No se hizo justicia y fue un feminicidio, pero en ese momento no existía la tipificación del delito de feminicidio. Entonces, simplemente se sentenció al acusado por asesinato.
- ¿Hay una estructura organizada de abogados, operadores de justicia y políticos proclive a amparar a delincuentes? ¿O rige esa ley de que “todos tienen su precio”?
- Hay escenarios distintos. Pero, lo que sí podemos evidenciar es que cuando las familias carecen de recursos la justicia no avanza de manera idónea. En muchos casos, el Ministerio Púbico debería obrar de oficio, pero no lo hace. Si las familias de las víctimas no peregrinan todos los días detrás de sus procesos, no avanzan.
Entendemos entonces que hay ciudadanos de primera y segunda en el país cuando se trata de justicia.
Por ejemplo, logramos desmontar una red criminal inmensa involucrada en el caso Katanas. Marco Cámara tenía el monopolio de traer a las jovencitas desde Paraguay, Chile y Brasil para prostituirlas en sus lenocinios. No había sólo el de La Paz, sino que también tenían estos negocios en Santa Cruz y Tarija. Para desmoronar esto fue necesario hacerlo público, así se pudo poner en la cárcel a ese sujeto. Estos prostíbulos funcionaban en pleno centro de La Paz, de Santa Cruz y de Tarija, sin que ninguna autoridad diga algo.
Todos los días se generaban delitos dentro de aquellos ambientes. Destruyeron la vida de tantas mujeres. Demostramos que hasta intercambiaban a jovencitas que habían secuestrado en La Paz con otras que traían de diversos países. Es decir, redes de trata y tráfico no eran combatidas. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaba algún fiscal que ingrese a verificar lo que sucedía en esos inmuebles e identificar, además, la minoría de edad de esas jovencitas que son llevadas a la fuerza a esos lugares? Imagínese el extremo de que fue la hija del propietario de este lugar quien tuvo que hacer la denuncia, ya que ninguna autoridad lo hacía.
- ¿Con qué fuerzas o instituciones cuentan quienes sufren estas tragedias para que sus demandas puedan avanzar y eviten ese infructuoso calvario?
- Hoy estamos en la peor situación a nivel jurídico. Hemos perdido el principal apoyo que era la Defensoría del Pueblo. Solía ser parte de esa lucha, de esa res