LA LEY QUE BENEFICIA A NARCOS, PEDÓFILOS Y CRIMINALES
La norma que dice proteger a niñas, niños, adolescentes y mujeres resultó más favorable para los victimarios. Los defensores de las víctimas llegaron a suplicar su modificación desde hace dos años, pero los parlamentarios no reaccionan.
cinamiento en las cárceles. Se buscó un mecanismo para que no se admita una detención preventiva de más de seis meses para imputados y acusados por cualquier delito. Cumplido ese plazo, la ley los libera con medidas sustitutivas. Pero, para que ese justo objetivo se cumpla, los procesos debían tener las condiciones adecuadas de celeridad y equilibrio. De esa parte, que implicaba aumentar y modernizar equipos, infraestructura y personal, ya no se preocuparon las autoridades. Entonces, esta vez la ley llegó con la trampa muy bien acomodada.
LA JUSTIFICACIÓN
“Interpretan que fue un presuntuoso aire de modernidad debido a la presión de cumplir con tratados internacionales sobre derechos humanos -dice el abogado penalista Félix Pino-. En otros países, 180 días, o menos, son suficientes para efectuar todas las investigaciones y poner en el banquillo de los acusados a los detenidos. Claro, en muchos países cuentan con fiscales, jueces, investigadores especializados e institutos científicoforenses de gran capacidad que completan peritajes y pruebas en pocas semanas. Pero aquí no hay nada de eso. Hasta parece que hubo dobles o triples intenciones”.
Peor aún, una mala interpretación de la disposición XII de la mentada ley, que oficiosamente tradujo una circular del Tribunal Supremo de Justicia, abrió más puertas. Algunos jueces se apuraron a liberar, también, a varios sentenciados a 30 años de cárcel, cuyas condenas no habían sido ejecutoriadas. O sea, la ley se convirtió en el mecanismo para que, por ejemplo, más de un feminicida o más de un violador vuelvan a las calles. En más de un caso, igualmente, salieron a pedir cuentas a quienes habían tenido el valor de denunciarlos y sustanciar el proceso.
“Se volvió la llave de la impunidad -explica Pino -. Hubo algo así como mucha mala suerte en todo el proceso que puso en vigencia semejante norma. En medio de diversas observaciones y alertas, la 1173 fue avanzando opacada por la conflictiva coyuntura política que convulsionaba al país. Esta Ley de Abreviación Procesal entró en vigencia el 5 de noviembre de 2019, en plena convulsión social posfraude electoral. Luego, los temores y terribles previsiones empezaron a confirmarse. Entre noviembre y marzo de 2020 ya se había liberado a siete imputados por feminicidio con todas las agravantes, y encima se desató la pandemia”.
LAS SÚPLICAS
Dos meses antes, los políticos tuvieron
la oportunidad de corregir las cosas. El 22 de enero, tras dos días de espera, una delegación de víctimas de la violencia de género fue recibida por la presidenta del Senado, Eva Copa. Durante la audiencia suplicaron que la autoridad viabilice la modificación de la ley debido a los efectos que ya tenía sobre ellas. Una de las víctimas llegó a ponerse de rodillas. Relató a Copa cómo había apenas logrado sobrevivir a brutales golpizas de su expareja y huir con sus hijos a otro departamento. Le explicó que, gracias a la nueva ley, su agresor se hallaba otra vez en las calles, la había ubicado y la hostigaba jurando matarla.
Tras el compromiso de Copa y un previo proyecto de modificación enviado en el mismo sentido por la presidente Jeanine Áñez, la esperanza renació. Aquella comisión de familiares de víctimas de feminicidio, infanticidio y sobrevivientes de violencia pedía que se modifiquen ocho parágrafos del capítulo de Régimen de Medidas Cautelares. Pero, tras el compromiso la respuesta de los legisladores, llegó a ser incluso peor que el olvido.
El 5 de septiembre, a través de un pronunciamiento público, la misma agrupación que había suplicado justicia a Copa lanzó una denuncia contra los parlamentarios: “La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se aprovechó de su lucha por cambiar la Ley 1173, para plantear una nueva propuesta de modificación que pretende beneficiar y garantizar la impunidad de violadores de menores, feminicidas y agresores que gocen de un fuero sindical”.
¿FUERO FEMINICIDA?
Las víctimas revelaron además que, en lugar de los proyectos presentados, la Comisión de Justicia de Diputados planteó una propuesta totalmente política. Ésta no sólo vulneraba los derechos de las víctimas, sino incluso tratados internacionales a los que Bolivia está suscrita. Pretendían cambiar el artículo 289. En función a esa modificación, el fiscal, al recibir una denuncia, debería ver que ésta no afecte a quienes gocen de fuero dirigencial.
Mientras los parlamentarios habían jugado a aprovechar el pánico, jueces y delincuentes hacían lo suyo embanderando la Ley 1173. Según reportes del Ministerio Público, entre marzo y agosto de 2020, 10 feminicidas con sentencia fueron liberados. Además, 22 agresores sexuales de menores de edad se beneficiaron con medidas sustitutivas. Paralelamente, en lo que iba del año ya se habían producido 70 feminicidios y 41 infanticidios.
“Estamos en emergencia -declaraba angustiada entonces la activista y abogada Jessika Echeverría-. Feminicidas, violadores y agresores están siendo liberados. Los jueces se escudan en la 1173 y en los plazos que esta ley establece. Pedimos a Eva Copa que cumpla con su palabra y modifique esta ley, queremos que las autoridades cumplan sus promesas”. Reclamos similares surgieron de abogadas y activistas igualmente dedicadas a este tipo de casos, como Mercedes Cortez y Paola Barriga.
DOS PODERES DICEN NO
Pero ni el continuo incremento de víctimas y liberaciones impunes ni los ruegos y denuncias lograron conmover a los políticos. Los parlamentarios habían puesto las propuestas de modificación en consideración del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo. La respuesta resultó una negativa virtualmente lapidaria: “Son inviables porque se vulnera la presunción de inocencia de las personas a quienes se les atribuye un delito. Por lo que se recomienda el rechazo de las propuestas de modificación de la Ley 1173”.
Una declaración completó la ironía mayúscula de la ley que pretendía fortalecer “la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres”: 2020 había sido declarado por la presidente Jeanine Áñez “Año de lucha contra el feminicidio e infanticidio”. De poco sirvió que la mandataria anunciase, al hacer la declaratoria en enero, una “guerra frontal a la violencia, a los abusos, pero, sobre todo, a la indiferencia”.
“Estábamos batallando intensamente para que se comprenda que frente a la colisión de derechos se debe aplicar el que favorezca a las mujeres o los niños-explica Cortez-. La Ley 348, que busca liberar a la mujer de la violencia, marca ese cambio de visión, pero en medio de esa batalla nos sorprendieron. Lanzaron primero sentencias consti
tucionales contraproducentes y luego, la Ley 1173. Sentaron lineamientos que complicaron la vida de las víctimas y favorecieron a los agresores. Era incomprensible. Su nombre fue puesto contra todo pronóstico y resulta totalmente falso: no ayuda a la defensa de las mujeres”.
MÁS A FAVOR DEL AGRESOR
Cortez añade que agresores y otros delincuentes no sólo se beneficiaron con las facilidades para andar en libertad, sino con otras medidas adicionales. “Antes, cualquier procesado, denunciado por un delito, en las audiencias cautelares debía acreditar documentadamente datos de su domicilio, trabajo y familia -explica la jurista-. Eso permitía regularmente enviarlo a una detención preventiva. Ahora no, ahora, si él dice que trabaja en la NASA, se le tiene que creer; si dice que tiene ocho hijos, aunque no tenga ni uno, se le tiene que creer, y si dice que vive en las Lomas de Aranjuez, aunque no tenga ni un cuarto, se le tiene que creer”.
Así se invirtió la carga, quien debe desmentir las muchas veces ocurrentes referencias de los agresores, con documentación correspondiente, es la víctima. Ello derivó en que la detención preventiva resulte una excepción sólo para casos extremadamente graves. La detención preventiva hoy se produce cuando las mujeres han muerto o se evidencian hechos flagrantes de agresión sexual o tentativa de feminicidio.
La benevolencia judicial a favor de feminicidas, violadores, narcotraficantes, etc. llegó a más. “En 2018, se declaró inconstitucional la sentencia en primera instancia que nos permitía prolongar la detención de los procesados por riesgo procesal -explica Mercedes Cortez-. Ya no podemos usar estas sentencias condenatorias ‘porque es inconstitucional, vulnera el derecho a la presunción de inocencia, porque sin sentencia ejecutoriada en Sucre, ellos tienen el derecho de defenderse en libertad’. O sea, es un todo que se ha sumado a favor de los agresores y en desmedro de las víctimas”.
SIGUE LA CUENTA MORTAL
Consecuentemente, muchos condenados a 30 años de prisión caminan libres por las calles. Pero, además, el margen de impunidad se ha expandido a niveles récord. Según datos de la Fundación Voces Libres, 98,7 por ciento de las denuncias por violencia contra mujeres o niños quedan en estado de abandono, rechazo, sobreseimiento o conciliación. En lo que va del año ya hubo 16.930 casos. Entre el 1 de enero y el 18 de mayo de 2021 se registraron 48 feminicidios y 11 infanticidios de acuerdo a datos de la Fiscalía General. Vale decir, un feminicidio cada 72 horas, sin embargo, en cinco años apenas se dictaron 13 sentencias contra feminicidas.
Sobra citar los detalles de los casos y la conmoción que en su momento tuvieron. Constituyen una macabra antología de excesos, cuyas imágenes frecuentemente se desbordaron hasta las redes sociales. Pero, ni aun así, juristas y políticos reaccionan, lo que ha despertado un sinfín de especulaciones e interpretaciones.
“Prima el cálculo político de beneficiar a algunas personas que son de su línea partidaria y que están con privación de libertad -ha denunciado Echeverría-. Como esta ley les está ayudando a salir libres no quieren modificarla”. “La ley fue creada para beneficiar a los narcotraficantes, también favorece y protege a feminicidas -dijo Barriga-. Desde su ejecución en noviembre del 2019 varios fueron liberados”.
“¿Andamos tan mal que dos de los poderes del Estado, con su accionar, protegen a lo peor de las lacras humanas? -reclama Pino-. La Ley 1173 está haciendo sufrir lo indecible a la gente. Pero no les da la gana de modificarla. ¿Será que nuestras autoridades se benefician protegiendo a narcotraficantes, violadores y asesinos? ¿En qué tipo de Estado estamos?”.