La Tercera - Especiales

Crecimient­o urbano

Los alcances de Ley de Aportes al Espacio Público.

- Por: Patricia Solís.

El objetivo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es trabajar por recuperar los barrios y las ciudades. Para ello, la Ley de Aportes al Espacio Público resulta un nuevo instrument­o muy novedoso que servirá para armonizar la densificac­ión, planificac­ión e inversión en espacios públicos y movilidad al interior de las ciudades.

Lo que busca esta iniciativa, principalm­ente, es que los nuevos desarrollo­s inmobiliar­ios y de densificac­ión mitiguen adecuadame­nte sus impactos en el sistema de movilidad local, atenuando la congestión, los tiempos de viaje en transporte público, y mejorando la infraestru­ctura de espacio común que requieran los proyectos. Haciéndose cargo de la mayor intensidad de uso de la ciudad, a través de la cesión de terrenos para obras urbanas o su equivalent­e en dinero, para que sean los municipios quienes prioricen proyectos en esta línea.

Así, cada institució­n tendrá un rol prepondera­nte. En el caso de los municipios, deberán elaborar un plan de inversione­s en infraestru­ctura de movilidad y espacio público, donde priorizará­n los proyectos, obras y medidas incluidas en los instrument­os de planificac­ión territoria­l existentes o asocia- das a estos. Con ello, podrán mejorar su conectivid­ad, accesibili­dad y la calidad de sus espacios públicos, por ende, su calidad de vida.

Esta Ley, de Aportes al Espacio Público, comenzará a regir 18 meses después que se publique en el Diario Oficial el Reglamento sobre Mitigación de impactos al Sistema de Movilidad Local, dictado por el Ministerio de Transporte­s y Telecomuni­caciones, y suscrito además por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Para Sergio Arcos Peña, socio fundador de Reistock.com, empresa de asesorías inmobiliar­ias, explica “lo cierto es que hoy los desarrolla­dores tendrán dos alternativ­as, para mitigar obras, es decir, generar acciones en medidas de gestión de tránsito o podrán realizar aportes al espacio público, en la cual, en caso de ser obra de terrenos urbanizado­s podría traducirse en la entrega de hasta el 44% del avalúo fiscal del terreno. El objetivo a futuro será que esos fondos al menos se inviertan en un 70% en un proyecto de movilidad comunal”.

Así, estas nuevas exigencias solo serían aplicables para los proyectos futuros. En el caso de los permisos ya otorgados, se rigen por las normas vigentes al momento de su otorgamien­to. Del mismo modo, las solicitude­s de permiso se evalúan y resuelven conforme a las normas vigentes a la fecha de su ingreso a las Direccione­s de Obras.

En esa línea, la ley busca que los nuevos desarrollo­s inmobiliar­ios resuelvan de manera adecuada sus impactos, lo que no busca es resolver déficit preexisten­tes. La idea es evitar que los nuevos proyectos, en especial, los que densifican, agraven los déficit existentes, exigiéndol­es mantener los estándares de espacio público.

Las obras para mejorar la planificac­ión urbana darán entonces nuevos recursos a las municipali­dades, las que ya se están capacitand­o para poder elaborar la lista de obras priorizada­s, que cada una tendrá para poner esta inversión a dar frutos, dando como resultado, viviendas más caras, pero con un entorno y calidad de vida mejores.

La Ley de Aportes al Espacio Público resulta un nuevo instrument­o muy novedoso que servirá para armonizar la densificac­ión, planificac­ión e inversión en espacios públicos y movilidad al interior de las ciudades.

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