Una reforma que influye en el valor de las propiedades

A partir del 1 de enero de 2016 comenzó a aplicarse el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la venta de casas y departamentos. Sin embargo, también se estableció una aplicación gradual del impuesto y algunas exclusiones. Conozca cómo afecta la Reforma Trib

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a actual Reforma Tributaria incorporó una serie de cambios en el ámbito inmobiliario. Uno de ellos y el que más ha dado que hablar es el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todas las ventas de propiedades nuevas o usadas. Eso sí, esta medida aplica solo para “vendedores habituales”.

Según explica José Tomás Letelier, socio de Tricapitals, éste término se refiere aquellas personas o empresas que se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles para hacer negocios. “Es decir, todas las inmobiliarias o constructoras que vendan propiedades de cualquier tipo, deberán pagar IVA”, afirma.

Costo de las viviendas

Lo cierto es que con el establecimiento del impuesto las propiedades aumentarán de precio. Pero, ¿cuál es el impacto del IVA en el valor final de las viviendas? Aunque que muchos creen que será del 19% (tasa del IVA), la verdad es que todo dependerá del proyecto, ya que efecto IVA es de 19% sobre el valor agregado y no sobre el precio total. En concreto se estima que fluctúe entre 5% y 12%, que deberá ser pagado por el comprador.

“Dentro de los costos de las inmobiliarias están los terrenos, la construcción, servicios de ingeniería, arquitectura y costos administrativos, entre otros. Pero los terrenos no están afectos a IVA, por lo que el efecto neto de este impuesto, para el comprador, será el incremento de alrededor de 12% del valor actual de las propiedades que están entre las 1.000 UF y las 3.000 UF aproximadamente”, ejemplifica Letelier.

Cabe recalcar que este IVA en las viviendas se paga al momento de firmar la escritura de compra y venta y es por el precio total de la venta, aunque se hayan pagado anticipos.

Sin IVA

Además de la exclusión de los terrenos a la aplicación del IVA, existen otros casos donde la Ley no exige el pago del impuesto. Por ejemplo:

• Si un propietario vende su casa o departamento, pero no se dedica al negocio inmobiliario. Aquí se entiende que la vivienda se compró para su uso y no con la finalidad de revender.

• En el caso de que un propietario venda su propiedad antes de que transcurra un año desde su compra o construcción, en principio, debería pagar IVA porque se establece una presunción de habitualidad. Sin embargo, el vendedor puede demostrar lo contrario y quedar exento de pagar impuesto.

Otras excepciones en la aplicación del impuesto que están relacionadas con condiciones y fechas, son:

• Venta de viviendas con subsidio.

• Venta de viviendas nuevas o usadas que tengan permiso de edificación anterior al 1 de enero de 2016, y que se vendan durante el mismo año.

• Venta de viviendas nuevas que tengan permiso de construcción anterior al 1 de enero de 2016 y que se terminen de construir durante este año.

• Venta de viviendas respecto de las cuales se haya celebrado una promesa de compra y venta antes del 1 de enero de 2016.

Nuevo plazo

De acuerdo a los primeros plazos, quienes compraron una vivienda tenían que inscribirla antes del 31 de diciembre. Así, evitarían pagar el impuesto establecido por la Reforma Tributaria. Sin embargo, debido a la contingencia nacional, hace unas semanas el Gobierno anunció a través del Ministerio de Hacienda que se exten- derá el plazo hasta el 31 de marzo del próximo año.

“Esto quiere decir que todo lo que se escriture antes del 31 de marzo queda exento de impuesto. Pasado esta fecha, se debe pagar. Es decir que si está invirtiendo en una propiedad en verde con fecha de entrega para el año 2019, ésta pagará IVA”, explica el socio de Tricapitals. Por lo mismo, asegura que es muy importante que en la promesa de compra y venta se agregue una cláusula en la cual se respete el precio pactado y no se agregue un extra por efectos de IVA.

Al momento del anuncio con la nueva fecha tope, también se advirtió que eran varios los proyectos que corrían el riesgo de no poder realizar a tiempo los trámites necesarios para inscribir las viviendas antes de fin de año. En definitiva, se trataba de 248 proyectos -correspondiente a unas 30 mil viviendas o futuros compradores- los que estuvieron a punto de perder este beneficio que finalmente debía que ser asumido por los usuarios o las inmobiliarias.