¿Por qué ahora?

Fundada en 1922, bajo la administración del Presidente radical Marcelo T. de Alvear, la compañía ya funcionaba realizando exploraciones de crudo en Argentina desde 1908, prácticamente desde que se descubrió petróleo en ese país. Sabiendo que la petrolera estatal se utilizaba como caja pagadora de favores políticos, Carlos Menem en su primer gobierno , en 1992, impulsó la privatización de esta compañía, la que culminó a fines de esa década, durante su segunda administración. En 1999 pasó a ser controlada por la española Repsol. Menem justificó la privatización en que YPF generaba pérdidas, pese a producir casi el 100% del crudo del país. Insistió en su uso político y en que el Estado no podría mantener su competitividad. A EXPROPIACIÓN de acciones de Repsol-ypf, probablemente una de las jugadas más radicales del kirchnerismo a la fecha, ya estaba firmada. Es probable que el gobierno no había decidido cómo implementarla hasta hace pocas semanas. Pero había un sentido trazado. Desde que llegó al poder, Néstor Kirchner dio señales de que iba hacia un cambio del modelo energético. En su plataforma electoral de 2003, afirmaba que las condiciones eran otras a partir de la caída del 1 a 1 -“el sector energético, que conformaba el 6,1% del PIB nacional, pasará a integrar (...) el 15%”-, y por esa razón proponía cambiar también la política -“se hace imprescindible que el Estado tenga una presencia activa, (…) buscando una sana distribución de los ingresos que produce, de manera tal que el sector colabore a que las otras actividades productivas dispongan de estos insumos”-. No había nombres propios ni referencias a las políticas concretas, pero anticipaba un nuevo intervencionismo a base de objetivos. Ahora, dice el gobierno, es necesario tomar control para garantizar la producción. Es tan cierto que Repsol dejó de invertir como que el fantasma de la nacionalización desincentivaba la inversión. El proyecto, que era inestable, se agotó.

Ahora bien: ¿por qué ahora? Porque se dieron todas las circunstancias políticas, económicas e internacionales para “ir por todo” en el caso de la mayor petrolera del país, pagando los menores costos y obteniendo los mayores réditos en una jugada no exenta de riesgos.

Hoy, el gobierno está en condiciones financieras de afrontar la expropiación (una suerte de “compra forzada” del paquete accionario) a través del endeudamiento interno con el sistema previsional, de la misma forma en que Repsol estuvo en condiciones de comprar YPF hace más Repsol, en junta de accionistas, subió su participación en YPF, de 14,99% a 97,81%, y ofreció US$ 45 por título, un premio de 36% frente a los US$ 33 del mercado. Se criticó que el proceso se hiciera en un esquema de venta directa y no de licitación.

Por de 15 años gracias al financiamiento de los bancos españoles. Hay un convencimiento en los gobiernos argentinos (nacional y provinciales) de que este takeover redundará en grandes negocios, por las perspectivas internacionales del crudo y la revalorización de la empresa por los nuevos descubrimientos de yacimientos. Las razones ideológicas están a la orden del día: el desarrollismo argentino no concibe que un país no controle su propio petróleo.

Por eso mismo, la “argentinización” de YPF es una decisión bien recibida por la opinión pública. Las encuestas dicen que dos de cada tres argentinos aplauden la medida, aun sin conocer sus detalles. Uno puede preguntarse si Cristina Kirchner hoy está tan hambrienta de popularidad como este análisis presupone. Viene de ganar las elecciones presidenciales hace menos de seis meses, con 54% de los votos. Y si bien puede haber perdido unos puntos de popularidad, se trata de una caída marginal. Tiene mayoría en ambas cámaras, es apoyada por 21 de 24 gobernadores provinciales, y ningún opositor a la vista. Cuestiones que bajo otras circunstancias erosionarían su poder, como la crisis del vicepresidente Boudou, no hacen gran mella en ella.

Desde el análisis agonal de la política, tan interesante como el “factor opinión pública” es el de la alianza con los gobernadores de las ocho provincias petroleras. Ellos son los más entusiasmados con la expropiación, que seguramente abrirá la posibilidad de volver a licitar las áreas productivas de sus provincias. En Argentina, los estados provinciales son los verdaderos dueños del petróleo a partir de la reforma constitucional de 1994, la misma que le permitió a Carlos Menem introducir la reelección. La cesión de esta potestad a los gobernadores fue una de las claves del apoyo a Menem en el Senado. Entre 2003 y 2010, la demanda de crudo en Argentina creció en 38%, mientras que la producción retrocedió 12%. Este es uno de los factores que más venía cuestionando el gobierno de Fernández a la petrolera controlada por capitales españoles. Argentina cuestiona la falta de inversiones de YPF en el sector petrolero y de gas. Quita concesiones a YPF y anuncia un proyecto de ley para expropiar esa propiedad. El envío de tal iniciativa lo hizo ayer la Presidenta Cristina Fernández por cadena nacional.