Idea shock 3: flexindicalismo

ACE ALGUNOS días, un consejero de “Horizontal” ha escrito sobre el AVP, sosteniendo que esta iniciativa resultaría positiva al ofrecer un contrato alternativo al matrimonio -que sería en sus términos una “venta atada” con muchos debereslo que incentivaría la formalización de parte del 60% de las parejas que conviven sin casarse.

Lo primero que llama la atención es que juzga la bondad del proyecto por la probabilidad de que algunos formalicen su relación, pero nada se dice sobre por qué sería beneficioso que lo hagan. Lo segundo es que supone que la razón por la que muchas parejas no se casan es porque el matrimonio es un contrato con demasiados costos y, por ende, la solución sería bajarlos para que más parejas tomaran este contrato, pero no ofrece evidencia que permita sostener que esta nueva “venta atada” sería menos costosa.

Ya que ha utilizado el análisis económico para argumentar, se podría recordar la extensa literatura sobre matrimonio, familia y capital humano, donde fueron pioneros T. Schultz, Weiss y Becker. Ahí se exponen razones que explicarían algunos de los cambios en la tasa de nupcialidad en muchos países del mundo. Ya en los años 60 mostraban que el matrimonio es un contrato de largo plazo que tiene una serie de ventajas, como las economías de escala (al vivir más personas bajo un mismo techo, se reducen los costos fijos); ganancias en especialización y complementariedad en la producción de “bienes” al interior de la familia; mayor incentivo a la inversión en capital humano; y ventajas en el mercado de capitales como acceso a seguros y créditos.

Lo que explicaría la caída de la tasa de nupcialidad es que muchas de esas ventajas que se daban en el pasado ya no se darían únicamente dentro del matrimonio -el mejor ejemplo son las ventajas que se podían obtener en materia de crédito- lo que haría menos atractivo dicho contrato. Simultáneamente, como muchas de estas ventajas también se dan en una convivencia, A EVIDENCIA más convincente para Chile tiende a mostrar, más que un mercado laboral particularmente rígido, un mercado dual. Estilizadamente podríamos decir que una parte, compuesta por trabajadores de mayor calificación y asociada a la gran empresa, se encuentra inmersa en un régimen laboral que da pocas opciones a ambas partes. Otra parte, asociada a la mipyme, se encuentra oficialmente sujeta a las mismas reglas, pero en la práctica tiene pocas seguridades, bastantes vulnerabilidades y derechos más bien virtuales. Hay muchos ejemplos de esto, pero quizás el más evidente es la indemnización por años de servicio, que en la prensa parece un problema inmenso, pero que la evidencia indica que casi no se paga en la práctica, y que cuando se paga, se hace en forma parcial y básicamente en grandes empresas.

No es casualidad que el debate laboral se encuentre dominado por la realidad de las empresas grandes. Son los grandes empresarios los que dominan los gremios y financian sus centros de estudio. Por otro lado, los trabajadores de las grandes empresas tienden a formar los sindicatos más poderosos, dominar las centrales y hegemonizan la relación con la izquierda política.

La realidad que perciben la mayor parte de los trabajadores chilenos no es de un mercado laboral en que las leyes, las instituciones y los sindicatos los protegen doblando la mano a los patrones. Todo lo contrario. El mercado que perciben genera trabajos más bien precarios.

Una de las razones de esto es que tenemos un Código del Trabajo de la Guerra Fría estructurado para evitar conflictos, favoreciendo la posición del empresario, aunque con ello reduzca el espacio para el diálogo, la negociación y el acuerdo.

Si queremos inducir una estructura productiva más compatible con la equidad, necesitamos cambiar el Código del Trabajo. No solamente porque trabajadores organizados logran participar mejor en las rentas económicas; además porque una economía que premie el capital hu- mano, el talento, el trabajo de alta calidad, la capacitación de nivel mundial y la educación tiene que incentivar asociaciones y pactos de largo plazo entre trabajadores y empresarios, en los que ambos apuesten por el otro en vez de intentar neutralizarse. Esto requiere una negociación colectiva de alta calidad entre empresas y sindicatos. Para lograrlo hay que hacer bastante. Pero la idea shock de hoy es un Código del Trabajo “Flexindical”.

Las empresas que adopten una política de sindicalización automática con desafiliación voluntaria podrán acceder a un código que ampliará las opciones de contratación, calendario, horario, entrenamiento y remuneración de los trabajadores. Las empresas sin el tamaño requerido tendrían la opción de asociarse para negociar a nivel supra empresa con federaciones de trabajadores para hacerse elegibles. Las empresas que lo prefieran podrán seguir con el código actual.

Una regla flexindical puede servir para demostrar que un nuevo gobierno progresista apuesta por la negociación colectiva, por aumentar el sindicalismo, dando opciones de innovación a las empresas, mejorando el bienestar de los trabajadores, la productividad y la fraternidad laboral.