SOE y el llamado del Banco Central
EN SU reciente presentación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF), el presidente del Banco Central instó a las autoridades políticas a aprobar el proyecto de ley que crea el Sistema de Obligaciones Económicas (SOE), esto es, un registro centralizado único de deudas. Vale la pena analizar por qué el consejo del instituto emisor asevera que los chilenos “no podemos darnos el lujo de seguir sin un registro consolidado de deudores”. Un registro como el propuesto, donde se informan todas las deudas que los agentes tienen con los oferentes formales de crédito (bancos, casas comerciales, cajas de compensación, cooperativas, etc.), permite a las autoridades monitorear el nivel de endeudamiento agregado, información necesaria para evaluar las vulnerabilidades macrofinancieras de nuestra economía. Es en este contexto que el Banco Central, haciendo eco de lo manifestado por el Consejo de Estabilidad Finan- ciera, llama a las autoridades políticas a aprobar el proyecto del SOE.
Adicionalmente, un registro consolidado de deudas permite a los oferentes de crédito evaluar de mejor manera el riesgo de su propia cartera de préstamos, aunque ésta no presente un problema sistémico.
Más importante es el beneficio directo que tendrán los consumidores con esta nueva legislación, ya que permitirá que aquellas personas que han sido buenas pagadoras en el pasado, pero cuyo historial de crédito es conocido por un único oferente, puedan ser reconocidas como tal y optar a mejores condiciones de precio (tasas), montos y plazos. Es lo mismo que cuando una persona ha sido buena conductora por años y ese buen comportamiento se traduce en una menor prima de su seguro automotriz.
En suma, más información conlleva mayor competencia, lo que redunda en mejores condiciones para los clientes de bajo riesgo (los de alto riesgo prefieren seguir escondiéndose en el promedio, donde al final son subsidiados por los primeros).
Sin embargo, algunos oferentes de crédito se han opuesto a este proyecto argumentando que no se protegen adecuadamente los derechos de los dueños de la información (los consumidores-deudores), que la obligación de entregar información al SOE les expropiaría un activo en el que han invertido por años -el historial de su cartera de deudores lo conocen porque al prestarles invirtieron en ellos-, y porque el proyecto favorecería a algunos oferentes sobre otros.
Es bueno aclarar que los oferentes de crédito sólo podrán acceder a la información de deuda de los potenciales clientes con su consentimiento; es decir, los oferentes de crédito no podrán conocer las deudas de los consumidores si éstos no lo autorizan. Es esperable que un buen pagador, al igual que un buen conductor, acceda a compartir su información de deuda, para que lo puedan evaluar y así obtener mejores condiciones crediticias.
Cabe también mencionar que el registro consolidado se empezará a crear con las nuevas deudas que se contraigan dos años después de aprobado el proyecto, asegurando así que el activo en el que los oferentes de crédito han invertido por años no sea expropiado, por cuanto el nuevo sistema pondría el odómetro (cuentakilómetros) en cero.
Por último, el SOE impone la obligación de entregar información sobre las deudas contraídas a todos los oferentes de crédito, así como de pagar al administrador del sistema una tarifa por las consultas que se hagan. Así, da un tratamiento igualitario a todos los partícipes del mercado, no favoreciendo a un grupo de oferentes versus otros.
Un buen pagador debiera estar en favor de un proyecto que, como el SOE, promueve la competencia y transparencia en el mercado del crédito, lo que le reportará beneficios directos y concretos al momento de asumir una deuda.