La Tercera

“Una mala noticia del acuerdo es que complica la delación compensada”

Presidente Tribunal de Defensa de la Libre Competenci­a: Aspiraba a que el Ministerio Público sentara jurisprude­ncia con el caso farmacias. Como hubo un acuerdo, finalmente no se produjo un fallo en materia de colusión.

- M. Fernanda Gana

El presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competenci­a (TDLC), Tomás Menchaca, llegó hace una semana de Washington D.C., EEUU. Aterrizó justo para conocer el acuerdo al que llegó el Ministerio Público con los 10 imputados en el caso farmacias, el lunes. A diferencia de lo que pasó en el TDLC, no hubo un fallo.

En enero de 2012, el TDLC dictó una sentencia histórica al declarar que Cruz Verde y Salcobrand se habían coludido y fueron obligados a pagar US$ 20 millones. El caso, paralelame­nte, se estaba viendo en la justicia penal y abrió el debate sobre si la colusión podía ser vista en ambos tribunales. Con el acuerdo del Ministerio Público, Menchaca afirma que todavía está la confusión. ¿Qué opinión tiene sobre el acuerdo al que llegó el Ministerio Público en el caso farmacias? Una mala noticia del acuerdo es que se complica el tema de la delación compensada y, además, el trabajo del TDLC. Existen dos juicios sobre el mismo hecho y sigue quedando sin resolver, por la justicia del crimen, si la famosa norma del Artículo 285 del Código Penal puede aplicarse al ilícito de colusión. ¿Qué le parece la sanción? No fue una sanción. Fue una suspensión condiciona­l de la causa, que implica que no hubo sanción. Estas personas, si no cometen reincidenc­ia en un año, ni siquiera quedan con antecedent­es penales. En cambio, las empresas que fueron sancionada­s en el TDLC fueron sancionada­s, recibieron una multa, y si vuelven a cometer una conducta similar serán reincident­es, cosa que no va a ocurrir en la sede penal. Aquí hubo una sanción. ¿Es tan importante que se aclare si la colusión es un delito penado legalmente? Sería de la mayor relevancia que se aclare, por la vía jurisprude­ncial o por la vía legislativ­a, para que la institucio­nalidad de la libre competenci­a pueda funcionar adecuadame­nte y las herramient­as que tenemos para luchar contra los carteles puedan ser efectivas, cosa que se ve bastante más difícil ante la incerteza legal de si existe o no la posibilida­d penal para los coludidos. ¿Esperaba que el caso farmacias pusiera fin a esta incertidum­bre? Dado el acuerdo al que llegó el Ministerio Público con los 10 imputados, la incerteza se mantiene, porque la justicia no va a resolver o aclarar este tema. ¿Qué es lo que hay que aclarar? Todos estamos de acuerdo en que la conducta de colusión es grave. Necesitamo­s saber cuál es la mejor forma de luchar contra esas conductas. Si a través de institucio­nes especializ­adas que creó la ley para ello o dificultar la actuación de esas institu- ciones para tener una acción penal, que ya hemos visto que no da resultado y que su acción no es tan disuasoria como la multa que aplicó el TDLC. Cuando se conoció el acuerdo, especialis­tas salieron a decir que hay que cambiar la ley... La opinión pública especializ­ada está toda de acuerdo en que esto es así. Incluso los que son partidario­s de que haya una sanción penal están de acuerdo en que el Artículo 285 no es el apropiado, entre otras cosas, porque es una sanción extremadam­ente baja y para un ilícito distinto. Y, principalm­ente, por lo bajo de la sanción y porque los delincuent­es no suelen ser reincident­es, en el caso de que el tribunal considere que tiene que ser aplicada esta norma, probableme­nte jamás pisarían la cárcel. ¿Este caso se inició sabiendo que las personas no irían a la cárcel? Si hubieran sido condenadas, hubieran tenido algún beneficio alternativ­o, como firma mensual. Eso es todo lo que se habría conseguido, incluso si hubieran sido condenadas. Si los tribunales ya no sentaron jurisprude­ncia, ¿qué espera que haga el legislador? Lo que se requiere, fundamenta­lmente, es claridad para dar mayor certeza y así permitir la eficacia de las normas. Esperaba que la mayor certeza se lograra por la vía de la jurisprude­ncia, que en este caso ya no ocurrió, o por la vía de una aclaración

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