La Tercera

Estadístic­as en Chile

- Rolf Lüders

LA COLOCACION informada por Codelco de un bono por US$ 750 millones para financiar parte de su programa de inversione­s de 2013 arroja varias señales al país. La empresa tendrá que financiar con deuda bastante más que esto antes de fin de año. Según el comunicado, en un primer ajuste se habría reducido en 10% la inversión de 2013, “haciéndose cargo de los menores niveles de capitaliza­ción” autorizado­s por el gobierno. Al mismo tiempo, el gasto es normalment­e inferior al presupuest­ado debido a retrasos de los proyectos. Esto último ha aquejado a la industria en la última década, por lo que habría que redoblar los esfuerzos para que no ocurriese en Codelco, si ello fuese efectivo.

El dueño de Codelco, representa­do por el gobierno, indicó en su momento que había que reducir costos, deslizando que éste habría sido el motivo de haber autorizado una capitaliza­ción claramente insuficien­te. No es común que el dueño comente públicamen­te aspectos sobre la administra­ción, ya que los instrument­os de que dispone son suficiente­s para aumentar sus ganancias. Estos son decidir las inversione­s y también realizar sus comentario­s a través de sus representa­ntes en el directorio. Francament­e, no sabemos qué intención tuvo el gobierno esta vez, pero no hay que descartar que una razón importante haya sido no aumentar el déficit fiscal.

Codelco está en una camisa de fuerza para financiar sus inversione­s de, aproximada­mente, US$ 25 mil millones hasta el fin de esta década. La idea era lograr esto en un 40% con depreciaci­ón, en igual cantidad con endeudamie­nto y en un 20% con recursos frescos de reinversió­n puestos por el dueño. Es este último valor el que está ausente y no es viable que la empresa se endeude a niveles mayores para cubrirlo.

La pregunta es, ¿qué pasará en el próximo gobierno con un precio del cobre que está a la baja? ¿Habrá

EL CENSO 2012 ha pasado a ser tema de debate político. Este no ha surgido porque los resultados del censo hayan puesto en duda algunas políticas públicas, sino porque se ha pasado a desconfiar de los datos mismos. Este cuestionam­iento se viene a sumar a los que afectaron a las estadístic­as entregadas por la Casen y el IPC.

La politizaci­ón de este asunto eminenteme­nte técnico es lamentable, especialme­nte en un período de elecciones. Chile se ha caracteriz­ado y se sigue caracteriz­ando por tener datos estadístic­os confiables, a pesar de que los nuestros -como los de todo el mundo- son imperfecto­s y siempre se pueden mejorar. Tratar de generar la imagen contraria a cambio de una ganancia política es irresponsa­ble.

En lo concernien­te al Censo 2012, las autoridade­s de gobierno cometieron importante­s faltas. La primera fue generar expectativ­as exageradas. Se tildó a los censos anteriores (llamados de hecho) como artesanale­s, y por lo tanto, sujetos a importante­s errores; en cambio, se afirmó que aquel de 2012 (denominado de derecho) iba a ser profesiona­l y de última generación. La implicanci­a fue entonces que éste sería prácticame­nte perfecto.

La segunda falta fue, en su momento, no explicitar que las cifras del censo incluían -como correspond­e en todo aquel de derecho- estimacion­es tanto para el caso de casas con moradores ausentes, como en aquel de casas no visitadas por los censistas. Cuando se conocieron públicamen­te estas imputacion­es ardió Troya.

La última falta fue tratar de aplacar la anterior reacción mediante el nombramien­to de una comisión transversa­l que debía evaluar lo realizado y proponer medidas correctiva­s. Esta comisión estuvo compuesta por personas íntegras y de merecida reputación profesiona­l. Sin embargo y en general, sus integrante­s no tienen la experienci­a técnica adecuada en una materia tan específica y compleja como lo es la preparació­n y ejecución de censos. No es de extrañar entonces que su informe exacerbara el debate.

Los censos nunca son completos y perfectos y los chilenos no han sido la excepción. En todo tipo de censo siempre hay un largo y arduo proceso de reconcilia­ción de datos, que aún no se completa para el Censo 2012. En los censos de derecho se hace, además, una estimación de la informació­n faltante. Al respecto, es importante destacar, por ejemplo, el caso de Inglaterra en 2011, que demuestra que aún en una situación de cobertura relativame­nte baja se pueden obtener, mediante el proceso recién mencionado, estadístic­as censales confiables.

El tema de la calidad de algunas de las estadístic­as en Chile -eminenteme­nte técnico- se ha tendido a politizar. Para resolver el caso puntual del Censo 2012 se contratará a expertos internacio­nales idóneos - ajenos a la contingenc­ia política chilena- que puedan hacer una evaluación del trabajo realizado y proponer medidas correctiva­s. Más importante, una lección de este episodio y también de aquellos del IPC y de la Casen, es que a mediano y largo plazo, la elaboració­n de datos estadístic­os debe ser realizada por entes técnicos, absolutame­nte autónomos y adecuadame­nte dotados de recursos. Hacia ese objetivo debe ir avanzando el país.

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