Reforma en salas cunas
disposición a invertir US$ 1.000 millones anuales en Codelco? Las candidatas presidenciales no se han pronunciado. Catorce senadores, casi todos ellos de la oposición, hicieron un proyecto de acuerdo solicitando al gobierno una capitalización efectiva este año y una ley que garantice el financiamiento futuro de la empresa. Pero el que toma las iniciativas en estas materias es el Ejecutivo y no el Congreso. Al mismo tiempo, una inversión pre aprobada plurianualmente para Codelco abre una caja de pandora para otras instituciones que deseen igual trato.
Para resolver integralmente el financiamiento de las inversiones de Codelco, el gobierno podría utilizar US$ 5.000 millones o un tercio del Fondo de Estabilización Económico Social (FEES), logrando para el país rentabilidades muy superiores a las que ha conseguido con su actual programa de colocaciones internacionales. Ello requeriría un acuerdo político transversal que incorporara a los partidos políticos y al futuro gobierno, y simultáneamente el compromiso de todos los estratos de la empresa -incluidos todos sus trabajadores- para reducir los costos de operación.
Finalmente, es indispensable que los costos de construcción de las grandes inversiones cedan sustancialmente. Todo ello se puede lograr, y para ello hay que trabajar.
HACE POCOS días, el Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que daría acceso universal a servicios de sala cuna, potencialmente, a los hijos e hijas de un millón 500 mil trabajadoras.
En la práctica, la iniciativa supone la comentada sustitución del artículo 203 del Código del Trabajo, que establece que toda empresa con 20 o más trabajadoras debe proveer sala cuna a sus hijos hasta que cumplan dos años. Modificar esta norma es una necesidad transversalmente reconocida y resulta clave como medida proinserción laboral femenina.
Por ello es positivo que después de varios anuncios fallidos, el gobierno mantenga este proyecto en su agenda legislativa, aun cuando no se conoce su contenido preciso y sólo sea posible especular sobre el diseño que tendría el sistema sustituto.
Y es que una cosa es clara: nuestro sistema de protección a la maternidad es discriminatorio y tiene efectos negativos derivados del artículo 203. Hablamos de desincentivo a la contratación de mujeres, impacto en su remuneración y brecha salarial respecto de los hombres, discriminación en la atención de niños y niñas al quedar sujeta al tamaño de la empresa en que trabaje su madre, además del nulo reconocimiento de derechos al padre de poder otorgar cuidado a sus hijos.
La carga de la maternidad está exclusivamente en las mujeres y el análisis estadístico demuestra sus consecuencias. Aquellas en edad fértil no estarían materializando el dinamismo que ha tenido el mercado de trabajo chileno en una mayor ocupación. En oposición, el crecimiento del empleo entre las mayores ha sido notable. Ello nos habla de la necesidad de impulsar una reforma como la comentada.
Es de esperar que en el Congreso se dé un diálogo fructífero que no sólo posibilite modificar esta norma, sino mejorar el sistema de cuidado y protección temprana. La tramitación legislativa se augura compleja, porque el gran nudo que ha tenido esta reforma ha sido y se- guirá siendo el financiamiento.
En ese sentido, hemos propuesto instituir un fondo solidario con un diseño similar al del Seguro de Cesantía. Este se constituiría con aportes escalonados de empresas empleadoras -lo que resuelve las inquietudes manifestadas por las pymes estos días-, de trabajadores y trabajadoras, y también del Estado. Ello posibilitaría financiar la sala cuna de hijos de madres y padres trabajadores, lo que supondría cerca de US$ 215 millones anuales, según nuestras estimaciones.
Actualmente, las empresas con 20 o más trabajadoras estarían gastando en sala cuna unos US$ 38 millones cada año, cifra que subestima el gasto, ya que es sabido que las organizaciones pagan cuidado en los hogares en situaciones especiales, lo cual no estaría incluido en esta estimación.
Proponemos un paso hacia la corresponsabilidad, fundado en la necesidad de redistribuir el costo de la maternidad desde las mujeres hacia la sociedad.
Implementar un fondo solidario permitiría avanzar en esa dirección, constituyendo un sistema de cuidado que apunte a la universalidad y a la alta calidad. También permitiría realizar una inversión decidida en el capital humano de las nuevas generaciones, lo que resulta pertinente y necesario.