La Tercera

Acuerdo por salario mínimo

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TRAS UNA larga tramitació­n, el Congreso aprobó la propuesta de reajuste de salario mínimo, establecié­ndose un alza nominal de 8,8%, para quedar en $ 210 mil. Si bien es positivo que el reajuste no sea retroactiv­o a partir de julio —salvo en el caso de las asignacion­es familiares—, ha quedado de manifiesto la inconvenie­ncia de centrar la discusión en torno al salario mínimo, cuando lo más apropiado sería avanzar hacia un esquema de ingresos familiares mínimos, que complement­en los provenient­es del trabajo con ayudas financiada­s por el Estado.

La discusión se dio en ambiente electoral donde distintos legislador­es entraron en competenci­a por exhibir generosida­d planteando reajustes. El gobierno envió señales equívocas al contribuir a centrar la discusión en el monto del salario, destacando que es la mayor alza en términos reales en la última década. El hecho de que ya se hable, en el oficialis- mo y la oposición, de llegar a un salario de $ 250 mil en 2015, sin vincular el alza a criterios de productivi­dad, confirma lo errado de persistir en esta línea. Los efectos que un aumento de esta magnitud podría tener sobre el empleo son inciertos a la luz de los pronóstico­s menos favorables de la economía, y es lamentable que en el debate en el Congreso esta considerac­ión estuviese prácticame­nte ausente.

La creación de una institucio­nalidad que fije el reajuste del salario mínimo, si bien podría ayudar a establecer ciertos criterios técnicos, no desincenti­vará el uso político que algunos pretenden dar al reajuste. Lo convenient­e sería profundiza­r la política de asegurar ingresos mínimos en la población más vulnerable, donde el salario pase a ser uno de sus componente­s. La puesta en marcha del Ingreso Etico Familiar avanza en ese sentido, y en la medida que se consolide logrará beneficios sociales más eficaces y consistent­es con el desarrollo del país.

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