Multan a seis colegios por trabajar con condenados en registro de pedófilos
Superintendencia de Educación cursó sanciones por $ 121 millones. Cinco de los inhabilitados son asistentes y uno es docente. Fiscalía indaga los antecedentes desde mayo, por el delito de quebrantamiento, e investiga a otras cinco personas. Tanto la super
No sólo la cárcel fue el castigo impuesto por la justicia, en agosto del año pasado, al profesor Gustavo Rojas Espinoza (38), condenado por la violación reiterada de una menor de nueve años en un colegio de San Bernardo. El docente también quedó incluido de por vida en el listado de inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores, popularmente conocido como Registro de Pedófilos, creado en 2012 por el gobierno y que se encuentra disponible en el sitio web del Registro Civil.
Su objetivo es sencillo: ayudar a que ninguna persona inhabilitada para trabajar con niños se desempeñe en algún ámbito relacionado con ellos. De allí la sorpresa de la Superintendencia de Educación cuando, tras una fiscalización efectuada entre marzo y abril pasado, cursó multas a seis colegios del país, cuatro municipales y dos subvencionados, por un total de $ 121 millones (501 UTM cada uno). ¿La razón? Tener trabajando en sus establecimientos, bajo contrato vigente, a personas que aparecen en el Registro de Pedófilos, que a 14 meses de su entrada en vigencia cuenta con 1.033 condenados en la lista.
De los seis casos, dos pertenecen a la Región Metropolitana, dos a la Quinta, uno a la Tercera y uno a la Décima, y todos están siendo investigados por el Ministerio Público.
Manuel Casanueva, superintendente de Educación, destaca que “pudimos aplicar a varios establecimientos las sanciones más altas que esta unidad ha cursado”.
Según el informe evacuado a la fiscalía por la repartición, cinco de los inhabilitados ejercían como asistentes y uno como docente.
“La verdad es que resulta inaceptable, no sabemos qué instituciones son, pero la legislación es clara, y en este tema no se pueden cometer errores”, dice Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares (Conacep). A estos colegios sancionados se suman otros o c ho p l a nt e l e s q u e e s t á n siendo investigados por la superintendencia y a los cuales aún no se les dicta la multa.
Además, la misma entidad se encontró con otro hecho: que en el registro de profesionales que ofrecen sus servicios a colegios y que administra el Ministerio de Educación (Mineduc) aparecían tres En este link, y siguiendo estos pasos, podrá averiguar quiénes están inhabilitados para desempeñar labores con menores de edad, de acuerdo al Registro Civil.
Ingrese sus datos y los del consultado
sin puntos ni espacios médicos, dos fonoaudiólogos, un sicólogo y un educador diferencial y sicopedagogo, que también figuran en el listado de pedófilos. Estas personas fueron eliminadas del catálogo.
Investigación de Fiscalía
La Fiscalía Nacional confirma que, a fines de marzo, la superintendencia les envió la información de los seis inha-
datos obligatorios
datos obligatorios bilitados que estaban contratados por colegios. Sin embargo, su investigación actual es sobre 11 personas vinculadas a presuntos ilícitos de quebrantamiento de inhabilidades. ( ver recuadro).
“Los casos están siendo analizados desde mayo por fiscales adjuntos”, manifiesta María Angélica San Martín, directora (S) de l a Uni d a d Especializada de Delitos Se-
Respuesta del registro
Certificado emitido por el Registro Civil Si no tiene inhabilidades para trabajar con menores.
No aparecerán inhabilitados los condenados antes de junio de 2012, fecha de entrada en vigencia del registro. aparecerán quienes registren condenas e inhabilidades. xuales. Dos de estos casos habrían ocurrido en Viña del Mar y el resto en Freirina, Valparaíso, Temuco, Rancagua, Ancud, La Florida, Iquique, San Bernardo y Chillán.
Seis de l os involucrados presentan condenas por delitos sexuales en contra de menores de 14 años, lo que los inhabilita de por vida para trabajar con niños, y cinco por abusos a mayores de esa edad, por lo que su inhabilidad es temporal.
“Una situación extrema fue detectada en San Bernardo, donde la persona habría estado contratada por el mismo colegio donde años antes cometió el abuso sexual”, detalla San Martín.
En relación a los otros siete individuos que habrían aparecido en el listado de trabajo del Mineduc, aclara que no han recibido antecedentes sobre esa situación.
Información pública
Manuel Casanueva también plantea que la negativa de la superintendencia de dar a conocer los nombres de los colegios y personas involucradas se debe a que “los procedimientos administrativos no se encuentran ejecutoriados, existen instancias de revisión administrativa e incluso judicial (…); por ello, no es adecuado estigmatizar públicamente la imagen de un establecimiento en etapas previas a la sanción definitiva”.
No obstante, agrega que “esto no quiere decir que la información no se conozca al interior de cada colegio, pues el consejo escolar tiene la obligación de informar a su comunidad educativa de las fiscalizaciones de la superintendencia”.
Sobre el mismo punto, María Angélica San Martín, de la Fiscalía Nacional, señala que “por ahora, desde el punto de vista penal, se trata de investigaciones donde existe presunción de inocencia, ya que aún no hay formalizaciones ni menos una condena”.
La superintendencia, sin embargo, dictó el 12 de noviembre del año pasado un oficio donde se obliga a que los 12 mil 500 colegios del país, tanto los 11.500 municipales o particulares subvencionados, como los restantes particulares, revisen y verifiquen los antecedentes de la totalidad de su personal. A la fecha, de estos últimos (particulares pagados), sólo 13 han enviado los antecedentes de su personal a la superintendencia, sin perjuicio de que ellos puedan realizar internamente sus propios cruces.