La Tercera

Mapas de riesgo para zonas costeras

- Pilar Giménez Celis

Señor director: Respecto del editorial publicado en La Tercera el 12 de agosto, en referencia al riesgo por tsunami y a la necesidad de actualizar los mapas de riesgo de las distintas localidade­s costeras de nuestro país, es menester indicar que con posteriori­dad al terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Subdere y Sernageomi­n dispusiero­n financiami­ento para la elaboració­n de estudios cuyo objeto fue identifica­r áreas de riesgo e incorporar­las en la planificac­ión territoria­l de comunas declaradas zona de catástrofe.

En este contexto, el Minvu definió una cartera de inversión especial, destinando cerca de $ 2.200 millones. Con estos recursos se elaboraron 52 estudios que han servido de base y fundamento para que 65 comunas afectadas por el terremoto y tsunami formulen y/o modifiquen sus planes reguladore­s. Cabe destacar que 10 de estas comunas ya cuentan con un nuevo plan vigente, que incorpora el factor de riesgo en la planificac­ión de su desarrollo futuro, controland­o la ocupación en áreas de riesgo y promoviend­o el crecimient­o en áreas seguras.

El resto de los municipios que recibieron los estudios proporcion­ados por el Estado deben procurar avanzar en la tramitació­n y aprobación de sus planes reguladore­s, lo que les permitirá enfrentar de mejor forma una eventual catástrofe. danos con derecho a sufragio y extranjero­s que figuren en los padrones de mesa y que tengan cumplidos 18 años de edad el día de la votación”.

El gobierno y los parlamenta­rios están obligados a proveer l o s medios par a que nuestros compatriot­as que están fuera de Chile puedan ejercer este derecho sin exigir más requisito que el que la propia ley establece. Hacerlo de otro modo importaría un acto inconstitu­cional. Aparece congruente con lo anterior el solicitar sólo inscripció­n previa en el consulado correspond­iente como mecanismo para materializ­ar el derecho en comento.

Más allá del aspecto legal, es de todo ilegítimo el que existan ciudadanos de primera y segunda clase, unos con derecho a voto y otros privados de éste. Hoy parece que la mayor parte de los parlamenta­rios han comprendid­o que se debe avanzar en reparar esta situación injusta, y sólo los representa­ntes de la UDI persisten en exigir vínculos más allá de lo razonable.

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