Gente decente acosada
PENSAR QUE la reforma tributaria planteada por este gobierno sortearía rápidamente su tramitación por el Congreso fue una idea tan ilusa como peregrina. Era evidente que un cambio tan sustancial en la estructura y modalidad de nuestra carga impositiva generaría fuertes discrepancias y resistencias.
Ciertamente que todos los reparos a esta iniciativa son legítimos, y en una democracia lo que corresponde es debatir y dar razón de nuestros dichos en el espacio público. En lo personal, soy de los que sostienen varias dudas y reticencias frente a ciertos aspectos de la reforma, pero por lo mismo celebro que las autoridades hayan por fin desplegado una interlocución más activa en esta materia, la que no sólo se ha limitado a los partidos políticos, gremios u organizaciones sociales, sino también ha sido intensiva en los medios de comunicación social.
Es en este escenario que una de las cuestiones más resistidas por algunos sectores es la posible derogación de varias normas y mecanismos que facilitan la elusión, es decir, la posibilidad de evadir de manera legal el pago de ciertos impuestos.
Sin querer entrar a la justificación que algunos de esos instrumentos tuvieron en el pasado, o incluso podrían tener en el presente, lo cierto es que la defensa de aquellas disposiciones pareciera ser una cuestión de principio, nada menos que un derecho adquirido, como si constituyese un elemento de la esencia de toda práctica impositiva el buscar las maneras y resquicios para defraudar al Fisco. La cuestión adquiere más importancia cuando en los hechos sabemos que la “planificación tributaria” es un lujo que sólo puede darse un reducido sector de la población, que obviamente corresponde al segmento de mayores ingresos, y que por lo mismo debería pagar más impuestos.
Es justamente esta naturalización de la elusión, aparentemente desprovista de todo reproche social y cuya legitimidad se blandea ya no Muchos de l o s q ue hoy s e escandalizan por la indefensión a la cual quedarían expuestos en materia tributaria, son los mismos que han exigido mayor dureza por parte del Estado en otras esferas de la actividad delictual. sólo en privado, sino también en público, lo que ha provocado la más dura reacción, casi al borde de la histeria, por las nuevas atribuciones que se le otorgan al SII para perseguir y sancionar estos ilícitos en el futuro. Sin ir más lejos, hace mucho tiempo que no se alertaba con tanta fuerza sobre los peligros de otorgar tal poder punitivo al Estado o se cuestionaba su discrecionalidad sancionatoria, y para qué decir de la vehemencia con que se han enarbolado las banderas del debido proceso, el principio de la tipicidad o la garantías de que gozamos todos los ciudadanos frente a la persecución del aparato público.
La gran paradoja es que muchos de los que hoy se escandalizan por la incertidumbre e indefensión a la cual quedarían expuestos en materia tributaria, son los mismos que en forma entusiasta han exigido mayor dureza por parte del Estado en otras esferas de la actividad delictual, menospreciando los derechos que asisten a los imputados y obviando las injusticias y arbitrariedades que podrían verificarse en el proceso. Lo que subyace a dicho doble estándar no es más que la expresión del clasismo, la condición de privilegio y la profunda convicción de que no se puede tratar como delincuentes a la “gente decente”. Mal que mal, robar un auto no es lo mismo que robarle al Estado.