Reforma dará dos años a sostenedores de colegios para crear fundaciones
Presidenta Bachelet firma mañana proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección. El Estado podrá adquirir infraestructura de colegios en un plazo de 12 años si el sostenedor así lo solicita.
El 11 de marzo, cuando el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, asumió como titular de la cartera, fue con un mandato de tareas claras: eliminar el lucro, el copago y la selección en el sistema escolar. Mañana, y tras dos meses de trabajo y de reuniones con actores del sector, el gobierno anunciará públicamente los detalles del primer gran proyecto de la reforma educacional.
Un solo texto contendrá las tres grandes modificaciones, pero su redacción final y definitiva se seguirá trabajando hasta hoy. El objetivo es que, a primera hora de mañana, la Presidenta Michelle Bachelet firme en La Moneda la iniciativa que el martes debería ingresar a la Cámara de Diputados. “Fin al lucro, a la discrimina- ción; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia”, señala la invitación que hizo llegar el gobierno a especialistas del área, autoridades y parlamentarios invitados a la ceremonia de mañana.
El proyecto, con más de 50 páginas, tiene como objetivo -según ha expresado el ministro Eyzaguirre- cambiar el paradigma de la educación en el sistema chileno, reforzar el sistema público y potenciar a las familias para que sean éstas las que escojan colegios y no al revés.
Los cambios
Para terminar con el financiamiento compartido -explican profesionales que accedieron al texto del proyecto, se congelarán en primer lugar los montos que cobran los colegios (copago) a padres y apoderados. Esta política se implementará de manera gradual e incluirá a todos los colegios que reciban subvención estatal regular (por asistencia), ya sean municipales o subvencionados. La idea es que la subvención aumente a $ 80 mil y desde esa base vaya creciendo gradualmente hasta cubrir la totalidad del aporte que pagan las familias a través del copago.
Todos los establecimientos que acepten dineros estatales no podrán lucrar. Para esto, se reformulará la Ley General de Educación (LGE) que actualmente permite la obtención de utilidades por la actividad educacional escolar. Esta es una de las premisas del programa de gobierno de Bachelet. Sin embargo, se entendió que aplicarla de manera radical traería como consecuencia el cierre de un porcentaje importante de colegios subvencionados o su transformación en privados particulares, subiendo con ello radicalmente el costo a los apoderados.
Actualmente, existen en Chile 3.470 establecimientos educacionales que declaran tener fines de lucro. Si los sostenedores de esos colegios pretenden seguir en la actividad, deberán transformarse en fundaciones sin fines de lucro. El articulado transitorio de la reforma que afina el gobierno establece un plazo de dos años para realizar esa conversión. Además, estas fundaciones podrán solicitar al Estado la compra de los inmuebles y recintos en los que funcionan esos establecimientos. Para concretar el pago de modo gradual, el Estado tendrá un período de 12 años, dijeron fuentes ligadas a la iniciativa legal. De esos pagos se descontará la inversión pública realizada en infraestructura. Uno de los aspectos a dilucidar con el proyecto será el precio a pagar por estos activos.
La fórmula es coincidente con la petición que ha realizado la agrupación que reúne a los establecimientos subvencionados. En sus reuniones con el ministro, l os sostenedores de recintos subvencionados han solicitado que, debido al cambio de régimen, sean indemnizados por la inversión realizada hasta la actualidad, considerando que el crecimiento de este tipo de colegios logró expandir la cobertura educativa en el país a un ritmo que no podía materializar el Estado.
El Mineduc estaría de acuerdo con esta solicitud, realizada por la Conacep y Fide (agrupaciones de colegios subvencionados), lo que le permitiría, además, asegurar la permanencia en al sistema educativo de este tipo de colegios.
Los sostenedores y dueños de e s t a bl e c i mientos que quieran permanecer en la actividad no podrán así retirar dividendos por su inversión, pero sí deberán recibir una retribución por su gestión, lo que permitirá a los actuales dueños de colegios recibir una especie de sueldo por la administración del recinto.
Estas iniciativas son vistas con buenos ojos desde Conacep. Su secretario general, Rodrigo Ketterer, señaló que “sería lo mejor que podrían hacer, ya que invertimos mucho en los recintos. Nosotros se lo planteamos en la cita”.
El proyecto deberá resguardar, además, otra eventual con-