COLEGIOS QUE LUCRAN 3.470
colegios declaran ser con fines de lucro en el país.
Mañana el gobierno especificará sus prioridades para una reforma educacional que aspira, simultáneamente, a un cambio de paradigma y a mantener un sistema mixto de provisión. ¿Cómo hacer compatibles estos objetivos? Hasta ahora, las respuestas gubernamentales han sido contradictorias, plagadas de tensiones internas y ambiguas en la comunicación externa.
¿Qué esperar entonces y cómo evaluar las inminentes propuestas una vez conocidas?
Ante todo, será necesario ver si apuntan a un efectivo fortalecimiento del sistema mixto por la vía de un mejoramiento de la calidad que, a mediano plazo, asegure una mayor equidad de los resultados del aprendizaje.
Hay legítimas dudas respecto de que las prioridades legislativas del gobierno -fin del lucro, fin del copago y fin de la selecciónconstituyan medios adecuados y eficientes para enfrentar los principales problemas de calidad de la educación básica y media, y sirvan para superar sus más gruesas inequidades. A fin de cuentas, se dice con razón, conducirían nada más que a cambiar la naturaleza jurídica de una parte de los sostenedores, a sustituir dinero privado por dinero fiscal y a alterar procedimientos de admisión sin modificar las raíces de la segregación y diferenciación escolar.
En efecto, las medidas hasta aquí sugeridas poco tienen que ver con los problemas más difíciles de aceptar y tolerar de nuestro sistema: 1) la ausencia de salas cuna y jardines infantiles de clase mundial que permitan compensar desigualdades de origen socio-familiar; 2) el subdesarrollo de una profesión docente que necesita ser renovada en todos sus aspectos (formación inicial, habilitación profesional, inducción al trabajo, evaluación y acompañamiento, capacitación y organización del trabajo, salarios e incentivos); 3) la subsistencia de bolsones de atraso y segregación, como son los colegios más deficitarios del país, una parte de la enseñanza media técnico-profesional, los colegios para niños y jóvenes con necesidades especiales, y 4) el insuficiente gasto público por alumno en la educación subvencionada, municipal y privada.
Ninguno de estos factores-lastre aparece entre las prioridades gubernamentales. De manera que los cambios más profundos y necesarios no están a la orden del día ni comenzarán a abordarse mañana.
¿Pueden las prioridades declaradas por el gobierno hacer más fuerte al sistema mixto a pesar de todo? Esto dependerá de varios elementos.
Primero, si acaso las medidas prioritarias funcionan o no para restablecer la confianza en los distintos tipos de proveedores, a través de la igualdad del trato en- tre ellos y del compromiso gubernamental con el sistema en su conjunto, y no sólo con una parte del mismo. Las recientes burlas ministeriales respecto de los sostenedores privados y las familias que los eligen hacen temer que este objetivo no se cumpla.
Segundo, si acaso tales medidas son simples y a la vez contundentes o no. Nada sería peor que una legislación pesada, llena de vericuetos, controlista y de alta complejidad. Sobre todo si se preparó bajo presión, con escasa discusión pública y sin considerar al amplio arco de personas y grupos que confiamos en el gobierno de Bachelet. En tal sentido, la tramitación del proyecto de los administradores-interventores provisionales resulta poco alentadora. Un proyecto improvisado y engorroso que creó varios frentes al gobierno y debió ser revisado para sortear reparos constitucionales, legales y técnico-doctrinarios.
Tercero, si acaso entre las medidas que serán anunciadas se mantienen o no algunos planteamientos a todas luces errados. Por ejemplo, ¿persistirá la idea de hundir los buques insignia de la educación estatal, eliminando la selección por mérito en los liceos que han ganado un lugar histórico en la formación de las elites de clases medias?
En fin, las propuestas que envíe el gobierno al Parlamento revelarán sus reales aspiraciones de cambio y definirán el tipo de discusión que, a partir de mañana, se instale en la sociedad. Mi esperanza es que sea un debate constructivo sobre las mejores formas y medios para profundizar la reforma de nuestro sistema mixto de provisión. Si bien sabemos que las medidas a punto de ser anunciadas no corresponden a las prioridades más importantes ni de mayor impacto, cabe esperar -a lo menos- que se hallen bien diseñadas y nos inspiren entusiasmo y confianza en el futuro educacional del país.