Acuerdo entre gobierno y comuneros
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LA HUELGA de hambre que mantuvieron por 40 días cuatro comuneros mapuches que cumplen condena en el penal de Angol, motivó que el gobierno se allanara a un acuerdo para atender sus demandas. Estas eran la revisión de sus condenas, traslado de penal al Centro de Estudios y Trabajo de dicha ciudad, y la concesión del indulto a otro condenado enfermo.
Negociar bajo una medida de presión con quienes han quebrantado la ley y cumplen una condena impuesta por sentencia judicial debilita el respeto a la legalidad y puede alentar nuevas medidas de presión, tanto de los mismos grupos como de otros que adviertan que son un camino cierto para lograr concesiones. En este caso, los ayunantes exigían una revisión de sus condenas, lo que no procede en un estado de derecho y ha hecho bien el gobierno de hacerlo ver así desde el principio. Sin embargo, aceptó el traslado de penal, aunque a Victoria, pese a que no corresponde que los condenados fijen su lugar de reclusión, sino que ello debe ser consecuencia de políticas penitenciarias objetivas, y que el recinto al que serán trasladados no cuenta con las medidas de seguridad necesarias, lo que obligará a incurrir en gastos para adaptarlo. Asimismo, se constituirá una comisión, que incluiría a los abogados de los presos, para analizar la existencia de los “testigos sin rostro”, con lo cual una figura que tiene razones para ser aplicada, aunque debatible, será discutida con quienes tienen razones subjetivas para eliminarla.
El acuerdo coincidió con las críticas públicas que formuló el intendente regional por la demora en llegar a una solución, un emplazamiento improcedente, pero que se habría debido a que desconocía los avances en las conversaciones, lo que pone de manifiesto divisiones internas en el tratamiento del tema y un excesivo hermetismo al interior del gobierno, incluso ante autoridades que tendrían que estar informadas de hechos que les atañen.