La disputa por el poder en las barras ha costado vidas
Sin la opción, por ley, de acceder a beneficios económicos, sigue la pelea por el control de los grupos.
Alejandro Olivares, a cargo de la seguridad de los recintos deportivos, está muy solo. Tendría que tener una división dedicada exclusivamente a las barras”, afirma.
“Las modificaciones a la Ley de Violencia en los Estadios que aprobamos por unanimidad en 2012 han sido importantes”, añade, “porque establecen que los clubes son los que garantizan la seguridad. Y celebramos que la ANFP haya hecho un reglamento donde prohíbe los aportes internos hacia las barras”. Con todo, Walker cree y observa “con preocupación” que “los clubes de gran convocatoria siguen manteniendo vínculos con las barras bravas”. Como muestra habla del hecho de que La “U” y Colo Colo tengan inscritos a su nombre las marcas de sus barras. Dichos clubes dejaron claro que el fin es el contrario, proteger esas marcas de un mal uso, no confraternizar con los barristas.
El fenómeno de las barras bravas, importado de Argentina, asomó en Chile en la década de los 80. Los de Abajo y la Garra Blanca se escindieron de las barras oficiales de la “U” y Colo Colo, respectivamente, y comenzaron a ganar adeptos y representatividad. Junto a su popularidad crecieron los actos de violencia.
En 1990, los barristas del Cacique golpearon a un simpatizante de Unión Española. El crimen abrió la discusión acerca de una norma que permitiera castigar este tipo de delitos. Se concretaría cuatro años después. La tramitación se agilizó luego de un partido en que la “U” goleó a Colo Colo por 4-1, con el Presidente de la República Eduardo Frei en las tribunas. Esa tarde los barristas albos quemaron la galería del Estadio Nacional y causaron diversos destrozos.
A pesar de la promulgación de la ley, el flagelo no mermó. En los años siguientes fueron comunes los apuñalamientos y baleos en las cercanías de estadios o en poblaciones de todo el país. Y se trasladó a otras barras. Uno de los sucesos más significativos, en 2000, fue el acuchillamiento de Manuel Saavedra, “El Huinca”, en plena tribuna del Monumental. La imagen generó conmoción mundial. Pero no fue el único.
En Chile no hubo un programa que enfocara la violencia en el fútbol hasta 2012, cuando se creó Estadio Seguro. El programa estableció diversas normas para ingresar a los recintos deportivos y para su custodia. Los carabineros dejaron de hacerse cargo de la seguridad en el interior de las canchas, en 2013, y pasó a responsabilidad de los clubes. Un año ha bastado para comprobar que la fórmula no ha rebajado los incidentes. El nuevo gobierno planea establecer más modificaciones. El problema aún permanece. La nueva Ley sobre Violencia en los Estadios prohíbe cualquier tipo de relación económica entre los clubes y sus grupos organizados de hinchas. Más allá de que la obligación se cumpla, como aseguran las instituciones, se mantienen las peleas de poder entre las r e s pect i vas f a c c i ones que agrupan a los barristas dentro de su propia organización.
Los últimos enfrentamientos se relacionan con el control de la hinchada. Tanto en la Garra Blanca como en Los de Abajo está en juego el liderazgo y el acceso a los sitios emblemáticos en los estadios. En el duelo entre Colo Colo y Unión Española, en el Monumental, dos grupos se lanzaron proyectiles. Ambos pretendían apoderarse del sector Arica del estadio Monumental.
La disputa se ha traducido en acontecimientos graves. En julio de 2012, en Rancagua, fue asesinado Francisco Figueroa Muñoz, alias “Mero Mero”. Días después, la PDI capturó a dos individuos en Pudahuel y San Bernardo. El crimen fue atribuido a un ajuste de cuentas entre las facciones que encabezaban Francisco Muñoz -“Pancho Malo”- y Jonathan Arenaldi, conocido como “El Ruso”.
El sector más radical de la hinchada azul también se dividió. Por un lado se agrupan los denominados “históricos” y por otro, los designados como “autónomos”. Ambos bandos ocupan sitios distintos en los recintos en que juega Universidad de Chile, tanto de local como visitante. En marzo de 2012, después de un partido entre los azules y Audax Italiano, en La Florida, un hincha recibió un escopetazo en el rostro. En agosto, murió Claudio Sarti, “Jóker”, uno de los líderes de Los de Abajo. El origen del crimen aún es difuso.
Los recientes hechos de violencia provocados por los (mal llamados) hinchas de Colo Colo, en el Estadio Nacional, ponen una vez más en evidencia la deuda que el programa Estadio Seguro mantiene con la ciudadanía y con quienes pretenden disfrutar con el fútbol.
Las excusas ya no tienen cabida, se requieren acciones concretas y revisar no sólo las disposiciones de la ley, sino evaluar objetivamente el desempeño de las autoridades pertinentes. ¿Han sido lo suficientemente fuertes a la hora de aplicar la normativa? ¿Les ha faltado valor para suspender encuentros que no garantizan la seguridad? ¿El partido entre Colo Colo y Barnechea cumplía con todo lo que la ley exige?
La situación preocupa. Cada cierta fecha, la violencia vuelve a ser parte de las jornadas deportivas y no tenemos que esperar a que los hechos sean fatales para comenzar, real y eficazmente, el trabajo de su erradicación definitiva de los estadios de Chile.
Por ello es tan necesario y urgente que todos quienes tenemos la tarea de aportar para que el fútbol se desarrollen en un ambiente seguro, lo hagamos; pero lo hagamos en serio, sin temores ni dudas de las herramientas que la ley hoy nos otorga. El llamado es a no retroceder en lo que se ha avanzado, exigiendo a los clubes que cumplan con las medidas de seguridad y no titubeando al momento de suspender un encuentro, si es que así se requiere. Antes que todo está la seguridad de los hombres, mujeres y niños que asisten cada fin de semana al estadio.
Esperamos que en esta fecha se hable sólo de fútbol y no de destrozos, peleas y disturbios, pero también esperamos que cuanto antes se comience a cambiar la actitud, por una más fuerte. Tenemos la posibilidad de ser mucho más exigentes con lo que hoy nos permite la normativa, sólo queda actuar con valentía y decisión.