Manifestación en Caburgua
UN GRUPO de ciudadanos efectuó una manifestación en las inmediaciones del lugar donde veranea la Presidenta de la República. No hubo daños a terceros ni personas detenidas. Simplemente, hicieron notar a la opinión pública su preocupación por los hechos de violencia que por varios años se registran en la Región de la Araucanía y que amenazan con extenderse a otras zonas del sur del país.
La respuesta a esta manifestación no se hizo esperar y provino del representante del gobierno en la región, quien la consideró “patética”. Parlamentarios oficialistas se encargaron, también, de descalificar tanto el mecanismo utilizado como las motivaciones de sus organizadores. Sin un análisis más profundo, advirtieron que se trataba de un intento “desesperado” de la oposición para desviar la atención de los problemas propios del sector.
Por cierto que en la manifestación participaron parlamentarios de la Alianza y no es descartable al- gún interés político entre los involucrados, pero el problema de este diagnóstico es que deja sin atender las preocupaciones de quienes sí acudieron a Caburgua para expresar su legítimo descontento por la forma como el Estado en su conjunto ha enfrentado los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía. Son muchos los agricultores que, además de los inconvenientes propios de su actividad, como la sequía, hoy deben lidiar con amenazas e, incluso, atentados por parte de grupos violentistas.
Diversas decisiones, tanto del gobierno como de Tribunales, han ido mermando la sensación de justicia y seguridad entre los habitantes de la región. Ello no contribuye ni al emprendimiento -en una zona que requiere incrementos sustantivos en la inversión- ni a la necesaria convivencia interna. Por lo mismo, en lugar de eludir o descalificar a los organizadores de esta manifestación, corresponde atender al origen de sus preocupaciones.