Caso Amia, la historia del mayor ataque terrorista ocurrido en Argentina
Existen distintas “pistas” sobre el ataque del 18 de julio de 1994 contra la mutual judía. Nisman barajaba la hipótesis de que el gobierno ayudó a Irán a encubrir su responsabilidad.
Todo comenzó a las 9.53 del 18 de julio de 1994. Ese día quedó marcado como el mayor ataque terrorista que recuerda Argentina, cuando una camioneta Renault cargada con explosivos se estrelló contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), ubicada en pleno centro de Buenos Aires. Producto del ataque 85 personas murieron y más de 300 resultaron heridas.
Ese año la investigación pasó a manos del juez federal Juan José Galeano. Pero no fue hasta 2001 que se inició el juicio oral y público por una llamada “conexión local” que imputaba a 20 personas, en su mayoría ex policías argentinos, por haber estado involucradas con la camioneta que se estrelló contra la sede judía.
Pero el caso dio un vuelco cuando en 2003 la Cámara Federal sacó a Galeano del cargo por irregularidades en la in-
Evestigación. Un año después la justicia absolvió a los 20 imputados locales y creó una fiscalía destinada especialmente para la resolución del caso Amia, a cargo del fiscal Alberto Nisman.
Pasaron dos años y el fiscal acusó como ideólogos del atentado a siete ex funcionarios iraníes, entre ellos al ex presidente Ali Rafsanyani (1989-1997) y al ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Ai r e s , N LA avalancha de denuncias, requerimientos judiciales y procesamientos de funcionarios que lleva desde hace meses enredado al gobierno hay un documento que se destaca por su inevitable proyección internacional: la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta, el canciller y otros dirigentes del kirchnerismo por encubrimiento de los acusados iraníes del atentado a la Amia. No hay denuncia de corrupción -y el oficialismo ofreció material suficiente en ese rubro en la última década- que pueda hacer sombra a la repercusión mundial que tuvo la acusación de Nisman, luego multiplicada por su extraña Mohsen Rabbani y también apuntó contra un libanés sospechoso de pertenecer a Hizbolá. En 2007 la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ordenó la captura de los acusados, aunque esta orden continúa sin ser ejecutada.
La polémica con el gobierno argentino se desató en 2013 cuando la Presidenta Cristina Fernández firmó un “Memorándum de Entendimiento” con Irán, para investigar el ata- muerte, ocurrida en circunstancias que aún no han sido aclaradas, y que modificó el paisaje que ofrecerán los últimos meses de Cristina Kirchner en el poder.
A pesar de los frondosos intentos del gobierno por descalificar la denuncia de Nisman, la apertura de una investigación judicial podría salvar al fiscal de su segunda muerte ¿Qué miembro del Poder Judicial puede atreverse hoy a tirar a la basura el trabajo que Nisman atesoró durante años, primero con el apoyo de Cristina Kirchner y luego con su condena?
La Casa Rosada aún no ha logrado dar una respuesta articulada a la crisis política que se desató el 14 de que. Según el diario El País, el documento establece la creación de una denominada Comisión de la Verdad para cooperar con la investigación, la que estaría compuesta por cinco comisionados y dos miembros designados por cada país (pero que no podían ser ni argentinos ni iraníes). Se establecía que el juez y Nisman podrían interrogar a los sospechosos iraníes en Teherán.
El fiscal calificó como una “indebida intromisión” el acuerdo. Y el 14 de enero de este año, denunció que con ese pacto la mandataria Cristina Fernández de Kirchner buscó “fabricar la inocencia” de los acusados”.
Pero Nisman fue más allá y acusó que la finalidad real de tal acuerdo era desvincular a los iraníes de la responsabilidad del ataque, para así lograr un acercamiento geopolítico al país a cambio de contraprestaciones como el intercambio de crudo por granos y la venta de armamento al régimen iraní. Por esa causa el fiscal denunció a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman y a otros enero, cuando Nisman dio a conocer su denuncia, y que se convirtió en huracán cuatro días después, cuando el fiscal apareció muerto pocas horas antes de llevar al Congreso los fundamentos de su presentación.
Los tropezones de la Presidenta, que aún no termina de resolver si le conviene insistir en la instalación de la hipótesis del suicidio del fiscal o subirse a la ola de dudas que envuelve a los argentinos, son una muestra de eso. Otra es la interna pública entre los funcionarios que prefieren cuestionar la Marcha del Silencio del 18F y los que calculan que no tiene ningún sentido pararse frente a lo que es- políticos oficialistas. El 18 de enero, la noche antes de que fiscal tuviera que detallar ante el Parlamento su denuncia y mostrar las pruebas, Alberto Nisman apareció muerto en su departamento en el centro de la capital. A su lado yacía un arma calibre 22 de la que habría salido el disparo mortal. La pista siria Además, existen otras pistas que habrían sido descartadas por la policía. Una de ellas fue la pista siria, la primera que siguió la policía pero que quedó trunca, según lo que algunos postulan, por haber involucrado a allegados a la Casa Rosada. Esta hipótesis sostiene que el ataque contra la sede judía fue una represalia del gobierno sirio de Hafez Assad (1971-2000) contra el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) por haber incumplido su promesa de entregarle tecnología nuclear, a cambio de un importante aporte financiero que Siria (país del que procedían los padres del ex mandatario) entregó a Menem y que lo llevó a la Casa Rosada. timan será una manifestación de proporciones impactantes.
El inicio de la investigación sobre la denuncia de Nisman y las resoluciones que se tomen cuando la causa que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Daniel Rafecas se ponga en marcha tendrá ocupado al gobierno durante meses. Tras su conmocionante muerte, la denuncia que articuló Nisman se convirtió en una suerte de testamento profesional del fiscal. Ese documento, sin embargo, también desempeñará otro rol. Será, parte fundamental de la herencia política que dejará Cristina Kirchner cuando se vaya de la Presidencia en diciembre.