Renuncia del director del área sociocultural de la Presidencia La renuncia del personero es justificada, aunque su declaración resulta tardía e insuficiente, pues aún no se aclara si hubo un eventual tráfico de influencias y un posible acceso a informaci

CON LA apresurada lectura de un comunicado a la prensa, sin admitir consultas a pesar de intentar criticar a los medios por “no ponerse en contacto con él”, el director del área sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos, cerró una semana marcada por el debate que generó la divulgación de la obtención de un crédito para la sociedad de su cónyuge, proceso que le llevó a participar en noviembre de 2013 en una reunión con el vicepresidente de la institución financiera que concedió dicho crédito.

El personero descartó haber “cometido ilícito alguno ni delito funcionario” y apeló al daño “a la Presidenta de la República y al gobierno” por el perjuicio provocado, para “dar un paso al costado y renunciar a mi cargo”. Lo anterior, no sin antes efectuar un reconocimiento al trabajo que realizan los funcionarios de las distintas fundaciones que supervisa esta área de gobierno y enumerar algunos de los proyectos llevados a cabo en sus once meses de gestión. Por cierto, ello no era necesario: el debate generado en torno al denominado Caso Caval se relaciona con su accionar y no guarda vinculación alguna con las iniciativas que desarrollan estas fundaciones, muchas de ellas de indudable y positivo impacto social.

La declaración del director del área sociocultural resulta tardía e insuficiente. Los cuestionamientos a la forma como se desarrolló el negocio inmobiliario que permitió a la sociedad de su cónyuge obtener una utilidad en torno a los 2.500 millones de pesos en un corto plazo, abarcan, a lo menos, dos aspectos que aún no parecen lo suficientemente aclarados, como son el eventual tráfico de influencias y un posible acceso a información privilegiada. Las propias autoridades de gobierno, luego de publicar la declaración de patrimonio de Dávalos, se encargaron de advertir que las explicaciones “en detalle” correspondían al director sociocultural y fue el ministro del Interior quien anticipó a los medios que “su equipo verá en qué momento conversará con ustedes”.

Lamentablemente, ello no ocurrió. Las inquietudes en torno al Caso Caval no se limitan a la presencia o no de ilícitos, sino que abarcan un cuestionamiento más amplio a la transparencia con la cual se ejercen cargos de alta responsabilidad. Sobre el eventual tráfico de influencias en el otorgamiento del crédito –la presencia del personero cuestionado en la reunión con el vicepresidente de la entidad bancaria dan sustento a esta posibilidades necesario distinguir entre la legalidad de la operación, aspecto hasta ahora no en cuestión y al que sólo formalmente se refirió la SBIF en su pronunciamiento, y su justificación de fondo a la luz de la práctica bancaria y del acceso que clientes de iguales características podrían tener a un crédito de esa envergadura, lo que hasta ahora no aparece suficientemente aclarado y sobre lo que no ha existido pronunciamiento de la autoridad.

Por su parte, tampoco está claro la forma como se tuvo acceso privilegiado a una inversión con tales expectativas de utilidad, lo que no resulta explicable en operaciones con información equitativa a disposición de cualquier agente económico. Que se haya visto frustrada la máxima ganancia posible, no desmiente este hecho, sino que hace más necesaria una explicación a fondo del tema.

Con el tiempo se podrá apreciar con más claridad cuán profundo ha sido el daño que este caso ha generado para el Gobierno, originado en la falta de transparencia en la relación entre negocios privados y autoridades públicas, donde paradójicamente el lucro ha sido un factor determinante para el rechazo generalizado de la opinión pública a toda la situación.