Gobierno alista modificación de Ley Zamudio y Movilh propone incluir penas de cárcel
Los primeros días de marzo, el gobierno sostendrá una reunión con distintas organizaciones que defienden la diversidad sexual, entre ellas, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Fundación Iguales.
El objetivo del encuentro - que será coordinado por el vocero, Álvaro Elizalde- es definir los pasos a seguir en cuatro temas: la implementación del recientemente aprobado Acuerdo de Unión Civil (AUC); el proyecto de identidad de género; la iniciativa que sanciona la incitación al odio contra minorías; y la Ley Antidiscriminación.
Es esta última materia –aprobada en 2012 en el gobierno de Sebastián Piñera– la que concentrará parte del esfuerzo del Ejecutivo cuando se retomen las sesiones del Congreso. En ese sentido, altas fuentes de La Moneda explican que en marzo se iniciará la evaluación del impacto y aplicación que ha tenido la normativa, más conocida como “Ley Zamudio”. Y agregan que a partir de ese análisis se definirán modificaciones para perfeccionar su contenido.
El trabajo se basa en un crítico diagnóstico instalado al interior del Ejecutivo, en sectores de la Nueva Mayoría y, sobre todo, en las organizaciones como el Movilh e Iguales, sobre los reales efectos de la ley. Ese cuestionamiento -explicanestá concentrado, entre otros, en los siguientes aspectos, que serían los que el gobierno optará por cambiar: 1) la normativa no establece fuertes sanciones, sino que se remite, generalmente, al pago de multas al Estado y a revocar la acción
La Ley Antidiscriminación -más
conocida como “Ley Zamudio”- fue aprobada en 2012, durante el gobierno de Piñera. La normativa sanciona actos discriminatorios y vela por el rol que debe jugar el Estado en esta
materia.
Sin embargo, varios sectores cuestionan su
real efecto. Así, el gobierno modificará su contenido a partir de
marzo. discriminadora (por ejemplo, devolver el puesto de trabajo a un empleado que fue despedido por su orientación sexual o su raza); 2) es el demandante, es decir, la supuesta víctima, quien debe entregar todas las pruebas que acrediten un acto discriminatorio, lo que -explican- dificulta tener éxito en la acción legal; 3) no existe una institucionalidad del gobierno que se encargue, con recursos económicos de por medio, de recopilar información, prevenir y monitorear los casos; 4) en la ley existe una preponderancia de algunos aspectos constitucionales -como la libertad de expresión- por sobre una acción supuestamente discriminatoria.
Uno de los insumos con los que ya cuenta el gobierno para esta tarea es un pre proyecto de ley que el Movilh le entregó a la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, hace algunas semanas.
En ese documento se exponen fuertes críticas a la “Ley Zamudio” y se propone, entre otras cosas, incluir penas de cárcel en la normativa. Esto, exclusivamente en casos de incitación al odio contra minorías. Para eso, la organización que lidera Rolando Jiménez plantea incorporar en la ley un proyecto sobre incitación al odio que se encuentra paralizado en el Congreso.
En esa línea, en el texto del Movilh se pide agregar un nuevo artículo al Código Penal, con la siguiente redacción: “El que a través de palabra escrita o hablada amenace a personas o colectividades (...) o incite a otros a agredir a los mismos, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y con multa de cincuenta a cien UTM”.
En la propuesta entregada a La Moneda también se sugiere implementar compensaciones económicas en casos de discriminación -algo que no existe hoy- y traspasar la carga de la prueba al supuesto agente discriminador, es decir, al demandado.
Respecto al artículo de la Ley Antidiscriminación que hace referencia a las garantías constitucionales, en el texto del Movilh se señala que “permite justificar legalmente una gran variedad de conductas discriminatorias, subsumiéndolas dentro del ejercicio legítimo de otro derecho fundamental”. Así, se agrega que “un colegio podría invocar su libertad de enseñanza para establecer que sólo los hijos de padres casados ingresaran a éste; una universidad podría invocar el mismo argumento para contratar sólo a académicos de una determinada corriente ideológica o religiosa; y una empresa podría invocar su derecho a desarrollar actividades económicas para abrir un establecimiento que excluyera de sus servicios a minorías raciales o étnicas”.