DECLARACIONES
tador o servidor.
El PDI agrega que “una casilla funciona igual que una caja, en la que en su interior hay una serie de carpetas o archivos. Lo primero es intentar rescatarla y luego se somete a un proceso de análisis forense informático, mediante funciones automatizadas para el efecto de búsqueda de información específica”.
Según el detective, es prácticamente imposible realizar una búsqueda manual, pues hay cuentas que tienen más de cinco millones de correos.
El policía cuenta que hay una valla que aún no pueden pasar: el contenido “que esté alojando en casillas electrónicas extranjeras (...). Eso significa que aunque existe una orden o una instrucción de un tribunal chileno, las empresas que están fuera del territorio nacional no entregan, por política, contenido de esas casillas de correo. Lo único que se puede obtener es los registros de acceso, creación o gestión de esa casilla en particular”.
E-mails de autoridades
La Ley de Transparencia también ha sido invocada para intentar acceder a correos electrónicos. Esta petición solamente podría aplicarse a las casillas de funcionarios públicos.
En 2012 y 2013, el entonces ministro secretario general de la Presidencia Cristián Larroulet libró una verdadera batalla en este sentido, pues a través de esta vía intentaron acceder a su correspondencia.
En 2012, una resolución del Consejo para la Transparencia falló a favor de obligar a Larroulet a entregar los correos que mantuvo entre el 18 y 21 de julio de 2011. Me- ses después, la Corte de Apelaciones revocó esta medida y, en 2013 se presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir la decisión de alzada. El máximo tribunal declaró inadmisible la petición y mantuvo la privacidad de estas comunicaciones.
Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia, recordó que existe otro caso en que sí se accedió a la correspondencia. Se trató de oficios emanados del Ministerio de Transportes y del equipo de Transantiago, relacionados a las modificaciones de los contratos. Ahí, la Corte Suprema estableció que era información pública. “El correo electrónico se constituye en una de las piezas clave de cualquier investigación”. “Hoy, en casi todas las causas, en distintos tipos de delitos, aparece en algún minuto un correo electrónico”. “Los correos electrónicos son fundamentales, ya que dan cuenta fidedigna de comunicaciones reales”.
En el marco de la indagatoria del caso SQM se detectaron comunicaciones entre Katherine Bischof, ex secretaria de Patricio Contesse, y Cristián Warner Villagrán, ex secretario general del PRO. Ahí se estableció que tras una cita entre Contesse y Marco Enríquez-Ominami, la secretaria mandó un correo el 16 de enero de 2012 a Warner sobre un “nuevo aporte” de US$ 250 mil. El ex directivo del PRO le preguntó a la secretaria si el monto era adicional a los $ 4 millones que SQM ya le pagaba. Bischof respondió: “Don Marco debe tenerlo claro, ¿o no?”. A esto, Warner respondió: “Marco me comentó claramente que eran adicionales”.
El correo electrónico fue enviado el domingo 27 de junio de 2010. Ahí, el entonces presidente (S) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz, le escribió a quien en esa fecha ocupaba el cargo de rector de la Universidad Autónoma, Teodoro Ribera, y quien después sería ministro de Justicia de Sebastián Piñera.
En la comunicación, además de pedir una beca, Díaz escribió que “te envío los datos de mi sobrino-nieto que estudia Kinesiología en la Universidad San Sebastián de Santiago. Como te decía, él es de Cauquenes y no ha podido acostumbrarse a Santiago, por lo que quisiera trasladarse a Talca”.
El lunes 23 de febrero, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, interrumpió sus vacaciones porque un antecedente del caso Caval lo vincularía directamente. Se trataba de un correo electrónico donde supuestamente le escribía a Natalia Compagnon por los terrenos en Machalí. El texto decía: “Recibí tu correo y estoy a tu disposición, conocí a don Victorino y me pareció una persona muy correcta (...). Además, me gustaría conocer la ficha técnica del proyecto para poder interiorizarme del tema en cuestión. Cuídese mucho Natalia y cuente conmigo para lo que sea”. Se determinó que el correo era falso y se indaga quién lo elaboró.
Las autoridades de Colombia elaboraron un documento que revelaba que, entre 2004 y 2006, hubo contactos vía correos electrónicos entre miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y grupos mapuches. El documento también daba cuenta de intercambio de comunicaciones del grupo armado con militantes del Partido Comunista.
En un mensaje del 30 de marzo de 2006, el fallecido número 2 de las Farc, Raúl Reyes, le escribió a un hombre identificado como Roque -quien sería miembro del PC- que “precise detalladamente con los compañeros mapuches su interés en recibir la experiencia nuestra”.
En febrero de 2003, el entonces presidente del Banco Central Carlos Massad encontró en la bandeja de entrada de su correo electrónico un mensaje que había rebotado. Esta comunicación tenía información interna y privada de la entidad, y había sido enviada al gerente general de Inverlink Corredores de Bolsa, Enzo Bertinelli.
La investigación determinó que la persona que mandó el correo había sido la propia secretaria de Massad, Pamela Andrada, quien había recibido un pago de $ 42 millones para realizar esta operación. La mujer fue condenada a cuatro años de prisión por la filtración, como autora del delito de cohecho.
Hasta la Corte Suprema tuvo que intervenir. Así de alto escaló la diligencia que, en octubre de 2004, realizó la entonces ministra en visita Gloria Ana Chevesich, quien investigaba el llamado caso MOPGate, en que se indagaban pagos de coimas a funcionarios públicos.
En el marco de estas pesquisas, Chevesich incautó los correos electrónicos, y sus respaldos, desde la Coordinadora General de Concesiones entre 1997 y 2000. Los funcionarios de esta repartición acudieron al máximo tribunal, por considerar que sería una invasión a la privacidad. Finalmente, se estableció que la diligencia había sido realizada de acuerdo a la ley.