Septiembre constitucional
LLEGÓ septiembre. Se trata del mes que pone término al invierno, donde sube la temperatura, vuelve la luz y nos preparamos para celebrar un nuevo cumpleaños.
Como siempre, volveremos sobre los mismos temas: el obsceno aumento de los pasajes de bus o el colapso de terminales y aeropuertos, las fiscalizaciones a fondas, la impecable parada militar, el precio de la carne, la irrenunciabilidad laboral de los feriados, el beber con moderación, los decomisos de hilo curado, o el ridículo y provinciano chovinismo de un irrelevante Chile Day, entre otros. También enfrentaremos momentos difíciles, como es un nuevo aniversario del golpe de Estado y la violencia que con motivo de ésta y otras fechas se acumula en nuestras calles.
Pero en este septiembre pasarán otras cosas, especialmente algunas que no son de común ocurrencia. Quizás la más importante, cuyo plazo ya no puede seguirse postergando, es el explícito anuncio de la Presidenta de la República en donde develará los detalles del tantas veces insinuado proceso participativo, vinculante e incluyente, con el cual debería darse inicio al debate para contar con una Nueva Constitución.
Consciente de que se trata de un tema que causa escozor en una parte significativa de la elite, más cuando parece arreciar un clamor por evitar mayores focos de incertidumbre, quisiera igual reiterar las razones de cuán importante es este proceso, especialmente en los difíciles momentos por los cuales atraviesa nuestra institucionalidad. En efecto, Chile viene registrando un profundo deterioro en la confianza hacia sus instituciones desde ya hace una década, cuya caída es una de las más severas en la región y donde, hasta ahora, nada indica que dicha tendencia vaya a revertirse. Y aunque hay múltiples razones que explican lo anterior, un mínimo común denominador detrás de las múltiples posibilidades pudiera rastrearse en la ajenidad, desafecto y distancia que los ciudadanos tienen para con las normas que organizan nuestra convivencia.
Habiéndose modificado el sistema electoral binominal y siendo el próximo parlamento elegido mediante un sistema proporcional, es muy probable que sea ese Congreso, con mayor legitimidad democrática, el que finalmente deba pronunciarse sobre nuestra Carta Fundamental. Sin embargo, lo anterior todavía no resuelve la urgente necesidad de hacer partícipes a los ciudadanos en una decisión que, por su esencia, debe ser lo más amplia, deliberativa y transparente posible. Más que el resultado, que parece ser la cuestión que atemoriza a muchos, lo verdaderamente central tiene que ver con el procedimiento y la posibilidad de que tantos, ojalá una gran mayoría, se sientan protagonistas y partícipes de una decisión que nos concierne a todos.
Reencontrarnos con la democracia o darle una nueva oportunidad a nuestras instituciones sólo será posible si su nuevo diseño y organización es el resultado de una decisión colectiva, cuyo procedimiento, características y límites, es el que la Presidenta de la República deberá proponernos este mes. Reencontrarnos con la democracia sólo será posible si es el resultado de una decisión colectiva, cuyo procedimiento y límites nos debe proponer la Presidenta durante este mes.