Escasa participación en proceso constituyente El reducido número de participantes en los cabildos convocados por el gobierno es reflejo de lo poco prioritario que resulta un cambio de Constitución.
EL GOBIERNO se declara satisfecho con las cifras de participación que hasta hora registra el proceso constituyente que convocó para efectos de dictar una nueva Constitución. De acuerdo con los antecedentes que entregó el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en los cabildos provinciales celebrados el domingo pasado –que constituyen la segunda fase de la primera etapa- a nivel nacional participaron del orden de 12 mil personas. Es una cifra modesta al lado de los más de 100 mil participantes que ese mismo día se movilizaron para protestar en contra del sistema previsional.
El ministro se declara “satisfecho” por las cifras de participación, a la luz de otros procesos constituyentes de nuestra historia. “Para la elaboración de la Constitución de 1833 participaron 36 personas; para la elaboración de la Constitución de 1925, 122 personas; en la elaboración de la Constitución de 1980, que es la que hoy nos rige, 12 personas. En lo que va esta primera etapa del Proceso Constituyente (…) ya han entregado sus opiniones más de 200 mil personas”, comentó.
Es un razonamiento curioso, porque con ello se pretende dar legitimidad sólo a aquellos procesos “participativos”, criterio que desde luego resulta caprichoso cuando previamente no se definió cuál sería un nivel de participación óptimo para considerar que este proceso sería “exitoso”. Por lo demás, el diseño elaborado por el gobierno contempla que un pequeño grupo de personas será el encargado de elaborar las “bases ciudadanas” a partir de los insumos provistos por los cabildos, las que a su vez serán utilizadas para elaborar un proyecto de nueva Constitución, cuyos redactores probablemente serán también un número reducido de personas, cantidad que no debiera diferir mayormente del número de participantes de los otros procesos a los que aludió el ministro.
Lo que evidentemente resulta forzado es presentar como “exitosas” las cifras de participación en los cabildos y a partir de ello dar la idea de que el país ha abrazado como propia la necesidad de una nueva Constitución. A todas luces se trata de un porcentaje muy pequeño de la población, concentrado principalmente en comunas de altos ingresos. Con todo, no puede desestimarse que esta participación en los cabildos también es reflejo de un legítimo deseo de muchas personas por influir y ser parte del debate público, lo que es un fenómeno valioso y que cabe estimular.
Sin embargo, es discutible que esta modalidad de cabildos sea la mejor manera de canalizar la participación ciudadana. Se trata de un proceso que fue elaborado improvisadamente –lo que desde luego se ha reflejado en una serie de dificultades operativas-, cuyo marco reglamentario no fue fijado en una ley, y cuyo contrapeso ha sido un consejo de observadores designados por la Presidenta de la República.
Por la forma improvisada en que este proceso se está llevando a cabo, y por sus evidentes sesgos en favor de que el país requiere urgentemente una nueva Constitución –no obstante la escasa convocatoria que ha despertado, y que por lo mismo pone en entredicho esa supuesta necesidad-, es poco probable que cristalice en propuestas que permitan avanzar hacia una discusión bien orientada sobre reformas constitucionales concretas y aterrizadas. Es lamentable que el país disperse energías, tiempo y recursos en un debate que probablemente estará lejos de satisfacer las expectativas que los propios promotores del proceso constituyente han alimentado en la ciudadanía.