Pensiones

EN LAS últimas semanas, las bajas pensiones de muchos afiliados al sistema de AFP ha vuelto con enorme fuerza al debate público. Aumentan las voces que le asignan la culpa al “sistema”, reclamando un desmantelamiento de las AFP y un regreso al sistema de reparto que prevalecía en Chile antes de la introducción de la capitalización individual.

Empecemos por un problema básico para quienes quieren desmantelar las AFP: los fondos pertenecen a los cotizantes y su traslado a un fondo de reparto constituiría una expropiación que violaría el derecho de propiedad y asestaría un golpe mortal al Estado de derecho en nuestro país, con consecuencias adversas insospechadas.

¿Tienen razón los que le achacan las bajas pensiones al “sistema” (entendiéndose por éste el Pilar Contributivo)? Sí y no. No, porque el sistema de capitalización individual funciona sólo si las personas cotizan durante su vida activa por un tiempo suficientemente largo para acumular un acervo que les permita convertirlo en una pensión razonable.

Este argumento sugiere que la responsabilidad por el problema de las bajas pensiones no es del “sistema” en sí, sino en parte de sus parámetros: estamos viviendo hartos años más que cuando se adoptó la capitalización individual y no se ha ajustado la edad de jubilación; y la tasa de cotización es baja (10% de la remuneración con un tope). Sí, porque cabe preguntarse si un sistema de capitalización individual podría funcionar sin ningún elemento solidario, especialmente en una economía como la chilena.

Aquí es donde comienzan a aparecer los problemas. Muchas personas simplemente quedan fuera del sistema: los trabajadores por cuenta propia y los trabaja- dores informales. Las cifras entregadas por la Comisión Bravo muestran que las personas que cotizan en alguna AFP representan sólo un 60% de la fuerza de trabajo. Por otra parte, la capacidad de cotizar depende de estar trabajando. Durante períodos de desempleo, la cotización es nula. Muchos chilenos que se están jubilando debieron soportar los efectos de la crisis de la primera mitad de los ochenta, cuando la tasa de desempleo se empinó al 20% de la fuerza de trabajo.

Entonces, pareciera indispensable cambiar los parámetros del Pilar Contributivo, diseñar un esquema de contribuciones con cargo al erario público durante períodos en que las personas están desempleadas y compensar las falencias de dicho pilar mediante el fortalecimiento del Pilar Solidario para aquellos que no llegan a estar cubiertos adecuadamente por el Pilar Contributivo. Por último, las altas utilidades de las AFP sugieren que debiese revisarse la base de cálculo de las comisiones y su nivel.

La introducción de competencia estimulando el ingreso de nuevas empresas no es una solución. Las fuertes economías de escala en el sector financiero ya han llevado a una consolidación significativa desde que se creó la industria. La Superintendencia de Pensiones debiese examinar este asunto con vistas a una mejor regulación de los niveles de las comisiones. En cuanto a su base, ella debería ser el volumen de fondos administrados, no las remuneraciones de los cotizantes, peculiaridad algo excéntrica de nuestro sistema. Los fondos pertenecen a los cotizantes y su traslado a un fondo de reparto constituiría un golpe mortal al Estado de derecho.