Dudas ante elección de intendentes Parece poco conveniente precipitarse en la aprobación de un proyecto que bajo su actual diseño no avanzará hacia una descentralización efectiva.
LA REFORMA constitucional que busca consagrar la elección directa de los intendentes se ha visto entrampada en el Congreso. Las fuerzas de gobierno y oposición están enfrentadas ahora por el mecanismo electoral mediante el cual dichas autoridades serán electas –mientras el oficialismo pretende que se elijan por mayoría absoluta con segunda vuelta, la oposición se inclina por mayoría simple-, y se explora una salida alternativa, la cual establecería un umbral de 40%. La discusión se ha visto presionada por el hecho de que si el proyecto no se despacha pronto, la elección de intendente no podrá tener lugar el próximo año, lo que obligaría a postergarla hasta la siguiente elección presidencial.
La elección directa de intendente forma parte de los compromisos programáticos del actual gobierno en materia de descentralización, y ha sido también impulsada por la Comisión Presidencial de Descentralización y por diversas organizaciones que buscan potenciar la autonomía regional. Sin embargo, las dificultades con que se ha encontrado la tramitación de este proyecto dan cuenta de las complejidades del mismo, y es posible advertir que no se ha diseñado una arquitectura institucional apropiada que permita dar funcionalidad a esta nueva figura. Existe, en cambio, el riesgo de que termine siendo una autoridad más bien decorativa, lo que además de frustrar las expectativas que la reforma ha forjado en sus impulsores, puede ser contraproducente para la propia regionalización y desde luego entorpecer el normal funcionamiento de la región.
El sistema bajo el cual será electo el nuevo intendente –que de acuerdo a la reforma pasará a llamarse “gobernador regional”- es un aspecto relevante en la discusión, y probablemente el umbral del 40% podría ser una fórmula que despierte consenso. Pero no parece estar allí la principal dificultad para que esta reforma continúe su avance, sino en definir las facultades con que contará no sólo esta autoridad, sino en general las competencias que serán traspasadas a las regiones, y que darían sentido a un proceso de esta naturaleza. En ese ámbito, sin embargo, se observa que aún se carece de definiciones bien acabadas. El proyecto de ley que se tramita sobre fortalecimiento de la regionalización recientemente pasó a tercer trámite constitucional, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara por amplia mayoría. Sin embargo, esta norma entrega más bien el marco general para el traspaso de facultades, lo que si bien es un avance, aún no resuelve los aspectos de fondo.
Una reforma como la que se ha planteado requiere un cuidadoso diseño, porque de lo contrario existe el riesgo de que se produzcan descoordinaciones permanentes con las políticas que se dicten a nivel nacional. Eso afectaría el normal funcionamiento del país, y no parece claro que esa prevención haya sido suficientemente aquilatada. Asimismo, crear una figura que en los hechos tenga escaso poder resolutivo y sin mayor capacidad de incidir en el presupuesto regional, probablemente incitará a privilegiar agendas más personalistas o con afanes electorales, lo que sería un contrasentido para efectos de promover la descentralización.
La elección de intendentes tendría sentido en la medida que se avance hacia un auténtico esquema de descentralización, ya que bajo el actual, con un gobierno centralizado, y que en los hechos todavía se resiste a perder espacios de poder en las regiones-, es poco probable que la figura de un gobernador regional funcione bien. Las constantes diferencias que surgen entre los parlamentarios sugieren que estos tampoco parecen del todo convencidos de esta reforma. De allí que la urgencia de los tiempos no debe llevar a precipitarse en una reforma si es que no existe plena convicción de que sus principales ejes y detalles están bien resueltos.