Linchamientos políticos
Además del caso del viceministro Rodolfo Illanes, Bolivia registra otros casos de extrema violencia política. En 1946 el entonces Presidente reformista, Gualberto Villarroel, fue sacado del Palacio Quemado por una turba, que lo arrastró hasta la Plaza Murillo, para luego apuñalarlo y golpearlo de manera brutal. Finalmente, Villarroel, que había asumido el poder en 1943, fue colgado en la plaza. El otro caso, más reciente, ocurrió en junio de 2004, cuando Benjamín Altamirano, alcalde del poblado aymara de Ayo Ayo, en el departamento de La Paz y en ese entonces investigado por supuesta corrupción, fue quemado vivo por campesinos. lítica, no una reivindicación social” y estableció tres días de duelo. Calificó el asesinato de “actitud cobarde” y aseguró que el “diálogo siempre estuvo abierto”. Además, declaró a Illanes como héroe defensor de los recursos naturales.
Una acto así en contra de un funcionario de gobierno no se veía desde 1946, cuando el Presidente Gualberto Villarroel fue colgado en la Plaza Murillo (ver recuadro).
Los mineros cooperativistas -que suman más de 100 mil en todo el país y que producen principalmente zinc, estaño y plata- se han unido en asociaciones que ellos mismos administran. Desde 1980 que las cooperativas fueron organizadas para contrarrestar el desempleo tras el cierre de minas estatales, pero se convirtieron en empresas estables, a pesar de que utilizan tecnología precaria, destaca la agencia The Associated Press. Estos mineros han sido históricos aliados de Evo Morales e incluso lo apoyaron en el referendo de febrero. Fueron, además, uno de los protagonistas de la llamada Guerra del Gas en noviembre de 2003. La minería representa la segunda riqueza de Bolivia después del gas natural.
Sin embargo, las tensiones entre estos mineros y el gobierno comenzaron a fines de 2015 tras la caída de los precios de las materias primas. A lo largo del tiempo, las cooperativas han sido grandes beneficiados y han sido catalogados de “consentidos” del gobierno: no pagan ciertos impuestos, durante años se les dio maquinaria, herramientas, recursos económicos y no tienen obligaciones sindicales. Además, participan en la Asamblea Legislativa. “La luna de miel se fue apagando a medida que las demandas fueron en aumento”, destacó el diario paceño Página Siete.
La crisis se agravó el martes, luego de que los mineros bloquearon carreteras en Bolivia, en respuesta a una ley que promulgó el mandatario que permite la sindicalización en las cooperativas. Protestan, además, en contra de la reforma de la Ley Minera. Los mineros exigen, entre otras cosas, nuevos lugares para explotar y que se les permita firmar contratos con empresas privadas para hacer frente a la caída de los precios, algo que está en contra de la Constitución. Lo que comenzó como una manifestación contra esa normativa, terminó en una jornada sangrienta contra el gobierno.
“El Estado debió haber intentado desde un primer momento nacionalizar la minería cooperativista. Ha jugado política y electoralmente”, dice a La Tercera el sociólogo y columnista de Página Siete, Franco Gamboa. “Eran un sector importante de alianza política y electoral. Ahora se encuentran prácticamente en la oposición abierta”, agrega.
En los últimos meses, Evo ha ido perdiendo apoyo en sectores que históricamente lo respaldaban. El mes pasado la Central Obrera Boliviana (COB) protestó por el cierre de una empresa textil. Ahora su apoyo se sustenta básicamente en los cocaleros y en el “Pacto de Unidad, alianza de sectores sindicales campesinos e indígenas leales al caudillismo” dice Gamboa.b