Sumario del Ejército cifró en $ 5.400 millones el perjuicio por fraude a la ley del cobre
Fiscal militar propuso cargos contra 27 militares. Pidió la baja para los procesados en el caso. “Se cursaron a pago facturas irregulares en las que se falsearon datos”, indica el informe.
“Entre los días 25 y 26 de agosto, en el Edificio Ejército Bicentenario, se ha llevado a efecto el proceso de notificación de los cargos disciplinarios que ha formulado el fiscal en Comisión, general Ernesto Tejos, a 12 oficiales superiores y jefes, 15 integrantes del cuadro permanente y cuatro empleados civiles de planta, tanto activos como en condición de retiro”. Esta afirmación, consignada ayer por el Ejército a través de un comunicado de prensa, ratificó el término del sumario administrativo efectuado por la institución castrense, respecto del fraude efectuado en sus filas con fondos provenientes de la ley reservada del cobre. En total, propusieron sanciones para 27 militares, que van desde la baja, suspensión del cargo, amonestación, días de arresto y reprensión.
En el informe del sumario, el Servicio de Información Financiera Integral del Ejército cifró en $ 5.483.709.087 las pérdidas por el fraude, efectuado a través de facturas falsas que la tesorería de la propia entidad les canceló a cinco proveedores: Francisco Huincahue Neculñir, Inversiones Comercio y Capellán, Pedro Salinas, Raúl Fuentes Quintanilla y Waldo Pinto.
En marzo pasado, La Tercera ya había consignado que el ministro en visita que indaga la arista penal del fraude, Omar Astudillo, había cifrado el delito en $ 5.367 millones. Al magistrado se le renovó su designación en el caso hasta marzo de 2017.
Junto con esto, se pidió la baja a siete uniformados, entre los cuales están los procesados en el caso, como el coronel Clovis Toro, el cabo primero Juan Carlos Cruz y la sargento Millaray Simunovic. “Se cursaron a pago facturas irregulares en las que se falsearon datos (...) se utilizaron métodos reñidos con las máximas que informan el ejercicio de la profesión militar. Finalmente, se pudo constatar la existencia de errores debido a la negligencia o falta de cuidado de personal interviniente en los procesos de trámites de facturas”, señala la resolución del fiscal militar.
Para el diputado DC Jaime Pilowsky, presidente de la comisión investigadora de este delito, “la cifra y el hecho revela la falta de un sistema de control integrado y efectivo en el Ejército. Los sumarios determinan las responsabilidades administrativas”.
Agregó que “falta explicitar un reproche a los generales y oficiales superiores que estuvieron a cargo del Comando de Apoyo de la Fuerza, la tesorería y la contraloría del Ejército. La responsabilidad no sólo es de aquellos que se corrompieron y son autores del fraude, sino que también de aquellos generales que estuvieron a cargo de estas reparticiones, por realizar su trabajo de supervisión sin la debida diligencia y cuidado”.b