En junio de 2015, tras visar una decisión de no perseverar, un imputado por abuso sexual de una niña de cinco años quedó en libertad.

A menos de 24 horas de asumir en el Sename, Huerta intentó contactar al fiscal Marcos Emilfork, a cargo de indagar la muerte de menores.

Los gritos de los vecinos evitaron una tragedia mayor. Una tarde de febrero de 2015, Francisca, de sólo cinco años, disfrutaba los juegos infantiles del parque cuando un hombre de 38 años se acercó a ella, se bajó los pantalones y al parecer le hizo tocaciones impropias. El individuo, de iniciales N.G.M.C, consumidor de pasta base y con antecedentes penales, fue detenido por la gente del barrio, que lo amarró a un poste y llamó a Carabineros. Considerando la flagrancia del delito y la gravedad del hecho, fue formalizado por abuso sexual por la Fiscalía Occidente. Tras exponer los antecedentes, el juzgado de garantía ordenó su prisión preventiva y fijó plazos para que el Ministerio Público efectuara nuevas pericias.

Sin embargo, al poco andar, la fiscalía adoptó una medida que significó el cierre de la causa: en una audiencia de fecha 12 de junio de 2015, se comunicó la decisión de no perseverar (DNP), lo que no sólo puso término administrativo al caso, sino que, además, se tradujo en la libertad inmediata del sospechoso. La razón fue que no lograron localizar al testigo clave y que la menor no pudo ratificar los hechos.

El 2015, en su último año al man- do de la Fiscalía Metropolitana Occidente, una de las más grandes del país, Solange Huerta optó por enviar a archivo o decretar decisión de no perseverar en 1.000 casos de delitos sexuales contra menores. La cifra corresponde al 70,2% de las causas de este tipo que le tocó investigar. Siete puntos más que el promedio nacional de salidas administrativas para casos de delitos sexuales contra menores (63%) (ver infografía).

Según cifras oficiales entregadas por el Ministerio Público, la ex fiscal decidió no perseverar con la investigación en el 14,3% de los casos de abusos a menores, superando a todos los fiscales a nivel na- cional y donde la media es de 8,9%. El problema es que el DNP es una medida especialmente controversial, ya que es una facultad discrecional que tienen los fiscales que les permite cerrar los casos antes o después de la formalización. La decisión de no perseverar ha sido motivo de amplios debates en la academia y en el mundo del derecho, ya que es la única que otorga atribuciones jurisdiccionales a los fiscales, pese a que el espíritu original al crear el nuevo sistema procesal penal era separar la labor de los investigadores de la de los jueces. “Las decisiones de no perseverar carecen de control por los jueces. Las víctimas y querellantes no tienen la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones. Los fiscales regionales tienen mucho poder en esta materia pues aprueban los DNP, con lo cual las víctimas quedan más desamparadas”, señala Hernán Fernández, abogado especialista en casos de familia y maltrato infantil.

En el total de casos que indagó la Fiscalía Occidente el 2015, en todo tipo de delitos, Huerta registra el mayor número de DNP a nivel nacional, con 7.144 casos, lo que equivale al 5,4% de sus investigaciones. A nivel de porcentajes, sólo es superada por la Fiscalía de la VI Región, donde no se perseveró en 5.850 casos, equivalentes al 7% de los casos de esa región.

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No habían pasado ni 48 horas desde que asumió su cargo en el Sename cuando empezaron los telefonazos de la nueva directora Solange Huerta al celular del fiscal a cargo de investigar las muertes de menores en el servicio, Marcos Emilfork. En la Fiscalía Nacional la situación generó molestia e incomodidad. Ya había causado revuelo que la ex persecutora aceptara asumir una jefatura en el gobierno de Michelle Bachelet, apenas 18 días después de renunciar a su cargo en el Ministerio Público. No sólo porque fue la misma fiscal que investigó a la Presidenta de la República en el caso Tsunami, sino además porque recién se había abierto una indagatoria para precisar las causas y el real número de muertes de niños y niñas a cargo del Servicio Nacional de Menores. En ese contexto, su nombramiento podía interpretarse como una forma de intervenir en el caso.

Según fuentes de la Fiscalía, Emilfork optó por no contestar