Errado enfoque en las políticas sociales
La distorsionada forma de entender la “solidaridad” o la “redistribución” está llevando al diseño de políticas defectuosas que le causan daño al país.
EL ENFOQUE de políticas económicas y sociales que ha seguido Chile obtuvo el mayor reconocimiento, por haber logrado que el ingreso per capita en el país creciera 40% más que el promedio de América Latina, al mismo tiempo que mejoramientos inigualados en indicadores sociales. La caricatura que algunos hacen hoy, según la cual el país habría crecido sacrificando a los más necesitados, se aleja de la realidad. Y son acciones sustentadas en esta caricatura las que están sorprendiendo a muchos chilenos, y al mundo, que no logran entender lo que a estas alturas luce como daño autoinfligido.
Una primera falsa concepción es que una sociedad solidaria debe reflejar su vocación en cada institución existente. Ello es profundamente erróneo. Las vías para capturar ingresos para redistribuir, y las formas específicas para canalizar los apoyos, deben ser efectuadas técnicamente, de manera de lograr, para un mismo grado de redistribución el mayor crecimiento económico. No es indiferente para el crecimiento si un impuesto se aplica buscando minimizar los desincentivos económicos que genera, con tal de permitir que la base de recursos sea más amplia, o si se aplica sin más al mercado laboral, como en propuestas que se consideran hoy.
También parece haber confusión en torno a cuánto es posible redistribuir sin afectar excesivamente el crecimiento. Así, aun después de comprobar que nuevos impuestos a las empresas han estancado la inversión, no se da mayor consideración a la necesidad de priorizar para ajustar las demandas a los recursos con que razonablemente se puede contar, sino que se validan expectativas de gasto y se promueven nuevos impuestos.
En un ambiente de improvisación se observan propuestas burdas, como la que sostiene que una cotización del 5% de los ingresos de los trabajadores va a tener un efecto distributivo diferente, aun en el largo plazo, según si se define como de cargo del trabajador o del empleador, contradiciendo la investigación económica seria. Y también se advierten propuestas aparentemente más sofisticadas, pero igualmente erróneas. Por ejemplo, se ha postulado que habría que limitar el período post jubilación que deben financiar las pensiones que genera la capitalización individual a una “tercera edad”, para que la “cuarta edad” sea cubierta con recursos estatales, eventualmente obtenidos de un impuesto al trabajo. Obviamente esto no crea riqueza. Las pensiones a cancelar con los recursos acumulados en la AFP podrían subir, gracias a que el Estado toma sobre sí el costo de financiar la “cuarta edad”. El Estado estaría subsidiando por igual las pensiones durante la “tercera edad” de todos los jubilados, que subirían, en vez de concentrar su apoyo en los pensionados más necesitados.
Todo este desorden resulta perjudicial. Pero el análisis serio y ponderado ha ido siendo descalificado como funcional a un orden institucional del que se desconfía, o sustituido por análisis técnicamente deficientes, para validar propuestas de origen ideológico o simplemente inviables. Es la Presidenta de la República quien puede empoderar a sus ministros, capaces de hacer valer las restricciones técnicas, de modo tal que el país pueda seguir progresando en lo social porque logra retomar el crecimiento.