En medio del desplome de su aprobación en las encuestas, por las investigaciones por los casos SQM y por el uso de un jet privado brasileño, el líder del PRO busca recuperar la confianza ciudadana alejado de los medios de comunicación y privilegiando el c
El rostro de Marco EnríquezOminami evidenció cierta incomodidad a medida que la fiscal jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, le iba explicando la lista de eventuales delitos que está investigando respecto del caso del jet privado que la empresa constructora OAS le facilitó durante la campaña presidencial de 2013.
Infracción a la Ley Electoral (la que estaría prescrita), a la Ley de Donaciones, delitos tributarios, fraude de subvenciones fiscales por $ 240 millones y lavado internacional de activos fueron parte de los ilícitos, de menor a mayor gravedad, que la fiscal Chong alcanzó a enumerar el lunes 22 al líder del PRO antes de que éste se acogiera al derecho a guardar silencio que tienen quienes están imputados en una causa judicial.
Durante la breve diligencia, que se extendió por menos de 15 minutos, Marco Enríquez-Ominami estuvo acompañado por los abogados Ciro Colombara y Rodrigo Piergentili, quienes le aconsejaron no responder las interrogantes de la fiscalía.
Eso sí, antes de retirarse del despacho de Chong, en el piso 9 del edificio contiguo al Centro de Justicia, Enríquez-Ominami le adelantó a la persecutora que el PRO sacaría una declaración pública con una nueva versión sobre el tema del jet que tiene al aspirante presidencial del PRO en su peor momento político.
“La directiva del PRO entendió erróneamente que el avión era parte de un servicio comunicacional que había sido pagado, y ello también fue comunicado erróneamente a Marco Enríquez-Ominami; sin embargo, posteriormente se confirmó que en los gastos de campaña no se incluyó la utilización del avión”, señala el texto que se divulgó poco después de que finalizara la declaración como imputado de ME-O.
La nueva estrategia de la defensa, que lidera Colombara, busca frenar una de las aristas judiciales más complejas para Enríquez-Ominami y la mesa directiva del PRO en este caso: un eventual fraude a las subvenciones fiscales.
Al término de la campaña presidencial de 2013, el PRO y el comando de Enríquez-Ominami solicitaron al Servel la devolución de gastos electorales, para lo cual presentaron, entre otros antecedentes, dos facturas por $ 170 millones de la empresa Cono Sur Research, vinculada a Cristián Warner, uno de los colaboradores más estrechos de ME-O y encargado de las finanzas de la campaña. Warner también está imputado en el caso SQM por la entrega de boletas ideológicamente falsas a la minera no metálica controlada por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce.
En marzo pasado, luego de que Reportajes diera a conocer el uso del jet arrendado por la empresa OAS en la campaña presidencial, ME-O aseguró que el avión lo “pagamos nosotros”, mientras que la presidenta y el vicepresidente del PRO, Patricia Morales y Camilo Lagos, respectivamente, señalaron que los costos del avión estaban justificados en las boletas de Cono Sur Research que recibieron devolución fiscal.
Fueron esas declaraciones las que llevaron a la procuraduría judicial Santiago del CDE a solicitar los antecedentes a la fiscalía. En los próximos días, el organismo elevará un informe al Comité Penal que preside el mismo Juan Ignacio Piña, para que evalúe si se presenta una querella por fraude a las subvenciones del Estado. El libelo del CDE permitiría a la fiscalía sostener con más fuerza una investigación que hasta ahora se lleva adelante de manera desformalizada.
Por eso, desde que se hizo cargo de la defensa de ME-O, Colombara ha sido crítico de la forma en que el líder del PRO y su entorno reaccionaron al tema del jet. En las últimas semanas, el abogado impuso como parte de la estrategia judicial reducir al máximo la exposición directa a medios de comunicación.
Interrogatorio anticipado
En el Ministerio Público y entre quienes conocen la forma de trabajar de la fiscal Chong se sorprendieron la semana pasada cuando se reveló que Enríquez-Ominami había sido citado a declarar como imputado.
No entendían la premura que tuvo una fiscal que acostumbra a interrogar a los imputados sólo cuando tiene en sus manos todos los antecedentes necesarios para confrontar lo que le dicen los inculpados. En este caso, ella aún está a la espera de los resultados de las diligencias que encargó hace dos semanas a Brasil, tras activar los protocolos de cooperación internacional. Chong pidió a la fiscalía brasileña que interrogue al ex ejecutivo de la empresa OAS Augusto Uzeda, quien el 10 de junio reconoció en una entrevista a Reportajes que había sido una decisión de la compañía prestarle el avión a ME-O para su campaña presidencial y emplazó al ex candidato del PRO a transparentar esta donación.
La fiscal también solicitó a sus pares brasileños el contrato entre OAS y la empresa de Taxi Aéreo Piracicaba y las declaraciones de los pilotos que operaron en Chile la aeronave y de los ejecutivos de la empresa aérea. Chong, además, envió un exhorto al juez federal brasileño Sergio Moro, quien tiene en sus manos la investigación del caso Petrobras-Lava Jato, para que le informe si tienen antecedentes vinculados con financiamiento de campañas en Chile. Pero nada de eso ha llegado todavía a Chile. Por eso, afirman fuentes del Ministerio Público, el “apuro” de la fiscal Chong por interrogar a ME-O se debió a un “error de cálculo”.
Hace algunas semanas, el abogado defensor del periodista Cristián Warner, Alejandro Espinoza, tomó contacto con los fiscales a cargo del caso SQM y del caso avión para iniciar las negociaciones para llegar a un juicio abreviado. El mensaje fue que Warner quiere cerrar los temas lo antes posible, pero todos al mismo tiempo.
Lo anterior implica el reconocimiento por parte de Warner de los ilícitos que investiga el Ministerio Público, pero, además, los fiscales exigían su colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
El miércoles 18, Warner llegó al despa-