Indebida injerencia de la Corfo

EN LAS últimas semanas se ha intensificado la cruzada personal que lleva el vicepresidente ejecutivo de Corfo contra Julio Ponce y SQM. El problema se origina en el conflicto legal que tienen las partes por contratos suscritos entre el Estado y la filial SQM Salar. Más allá de los juicios arbitrales que enfrentan a las partes, las últimas declaraciones del titular de la Corfo parecen exceder sus atribuciones como funcionario público, debido a su llamado a realizar una oferta pública de acciones (OPA) por SQM, al comparar el proceso de venta de la minera chilena con el “caso Chispas”.

Ante la eventualidad de una denuncia ante Contraloría por parte de la empresa, el exministro calificó la acción como un “descaro” y un “despropósito”, y ha hecho ver que al ser el Estado dueño de las pertenencias mineras, este tiene derecho a exigir que la operación se haga conforme los mejores estándares internacionales.

Cabe señalar que la ley de Procedimiento Administrativo obliga a las autoridades públicas a actuar con objetividad y bajo una lógica imparcial. Por otro lado, la fiscalización del correcto funcionamiento del mercado de valores le corresponde a la SVS y no a la Corfo, en especial si este organismo es el representante de una de las partes en un proceso arbitral con la empresa que aún no está resuelto.

En un estado de derecho maduro, son las instituciones las que deben velar por el efectivo cumplimiento de las normativas vigentes y cada una de ellas tiene claro el rol que debe cumplir en materias de fiscalización -y eventualmente sanción- de los distintos mercados regulados. Sin embargo, cuando autoridades asumen un rol protagónico de denuncia o fiscalización en materias cuyas competencias son inexistentes, tal como ha ocurrido en este caso, se corre el riesgo de caer en comportamientos discrecionales que acentúan la sensación de incerteza jurídica de los agentes privados.