Hay que introducir el principio de que la asignación de recursos se realice de acuerdo a las necesidades definidas por las autoridades y no para financiar a las FF.AA. por tercios, sin ninguna lógica estratégica.

DEBATIR SOBRE la derogación de la Ley Reservada del Cobre nos beneficia como país, permitiéndonos dialogar sobre el financiamiento de nuestras FF.AA. y del futuro y proyección de Codelco. La ley de 1958 correspondía a un impuesto del 15% de las utilidades a las empresas extranjeras de la gran minería del cobre, para generar un fondo de compra de armamentos de las FF.AA.

Durante la dictadura, en diciembre de 1973, se estableció entregar el 10% de los ingresos totales de las ventas, con un monto mínimo de US$ 90 millones, repartidos en partes iguales al Ejército, la Marina y la Aviación. En 1985 se definió que si ese monto era inferior a US$ 180 millones, el déficit debería ser solventado por el Fisco.

Recuperada la democracia, el año 2004 se definió que los recursos excedentes a los fondos repartidos entre las FF.AA. pasaran a constituir un fondo aparte.

Comparto con la Comisión Engel que el carácter reservado de esta ley hace que la asignación de recursos queda fuera del control democrático, por su exclusión del Presupuesto de la Nación.

Ni el Congreso ni la Contraloría tienen potestad para vigilar activamente su utilización, y el único control externo es el Poder Ejecutivo, pero sin posibilidades efectivas de transparentar el uso de estos fondos.

La actual situación no da posibilidades de asignar fondos a otros sectores, ni refleja las prioridades del gobierno o sus estrategias sectoriales, y genera un gravamen desigual a Codelco, al no ser exigido a mineras privadas

Lo más grave es que se ha prestado para la discrecionalidad y la ineficiencia en su utilización, como quedó de manifiesto con el “Milico Gate”.

Así, es necesario dotar de una mayor capacidad al gobierno y al Congreso para fortalecer el control, eficiencia y transparencia de las compras de Defensa.

El financiamiento de las Fuerzas Armadas debe considerar la pertinencia de los pisos mínimos del gasto en Defensa, además, de establecer el rol de los poderes del Estado en la determinación de dicho financiamiento.

Un sistema de carácter plurianual, basado en una estrategia objetiva de modernización y disuasión, de acuerdo a la realidad geopolítica de Chile, que nos permita salvaguardar adecuadamente nuestra soberanía y preservar la integridad de nuestro territorio, para el cumplimiento normal de nuestros objetivos como nación.

En este contexto, la Ley Reservada del Cobre debiera ser reemplazada por una ley simple, que incorpore los recursos que se consideren para inversiones en equipamiento al Presupuesto, y no a leyes especiales.

Hay que introducir el principio de que la asignación de recursos deba realizarse, de acuerdo a las necesidades políticas definidas por las autoridades, y no para financiar a las FF.AA. por tercios, sin ninguna lógica estratégica.

A partir del 2004, por el super ciclo del cobre, ha habido excedentes en un fondo acumulado por 5.000 millones de dólares, para lo cual debiera crearse un Fondo de Contingencia, -derogando igualmente la Ley- tal como lo ha planteado el Presidente del Directorio de Codelco, Óscar Landarretche, disponer de un préstamo del 20% de estos recursos para capitalizar la empresa estatal, y garantizar la rentabilidad adecuada de estos fondos.

Es necesario iniciar cuanto antes el debate sobre la pertinencia de derogar la Ley Reservada del Cobre, escuchando a todos los sectores e instituciones pertinentes para evitar soluciones populistas o soluciones con “letra chica” como se propuso en el gobierno anterior, en cual sólo se limitaba a “trasladar” el actual sistema de financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas con todos sus defectos a la “Ley de Presupuesto”.

Un cambio que en la práctica no permitía cambiar nada.