Es necesario el reemplazo de la ley 13.196 por un sistema moderno y democrático que asegure un financiamiento permanente y apropiado para mantener las capacidades y operatividad de nuestras Fuerzas Armadas.

TODO PAÍS para progresar requiere de paz, estabilidad y seguridad. Chile no tiene pretensión territorial ni marítima alguna con nuestros vecinos. Con Argentina hemos avanzado a través de un Tratado de Paz y Cooperación que ha significado dejar atrás las desconfianzas y construir potentes relaciones económicas y en el ámbito de la defensa, múltiples formas de cooperación, incluida la Brigada Binacional Cruz del Sur, como única fuerza de paz plenamente integrada por dos países al servicio de la ONU.

Sin embargo, para otros vecinos los conflictos del siglo XIX no se han olvidado. En Bolivia hay todavía un afán reinvindicasionista mayor: aspiran a que se les devuelva Antofagasta y además se les compense por la explotación de minerales desde 1879. Su Presidente Evo lo incluyó expresamente en su discurso del pasado miércoles 21 en la Asamblea de la ONU: “Chile se apropió de cuantiosos recursos naturales existentes”.

Si ello tuviera éxito, no es aventurado pensar que también se podría reclamar la pérdida de Tarapacá.

¿Imaginen qué significaría para nuestro crecimiento económico perder la región de Antofagasta? ¿Qué compañía minera, industrial o pesquera estatal o privada podría operar e invertir en ese eventual clima de conflictos y de inestabilidad?

Por ello, para resguardar nuestras actuales fronteras e integridad territorial, necesitamos FF.AA . equipadas y preparadas para repeler y sobreponerse con éxito a cualquier agresión, y más aún, mediante la disuasión evitar que cualquier pequeño incidente pueda escalar en un conflicto bélico con todas las pérdidas que puede acarrear para los países y poblaciones involucradas.

Desde 1938, Chile ha tenido un sistema especial de Financiamiento de la FF.AA. cuyo último texto es la ley 18.445 que modificó la 13.196, que dispone que el 10% de las ventas de Codelco se destinen a la Defensa Nacional.

¿Este aporte financiero ha significado que nuestras FF.AA. estén sobre equipadas para cumplir con su rol? La respuesta es no. Chile destina alrededor del 0,9% de su PIB a la Defensa, según la ley de Presupuesto e incluyendo los fondos de Codelco, llegan al 1,3% del

PIB (excluyendo los gastos en pensiones), los que son reportados anualmente a la ONU, OEA, Unasur FMI. En América Latina: Colombia un 3,5% de su PIB, de Brasil 1,5%, Perú 11% y Bolivia el 1,2%. Adicionalmente, una parte significativa de los fondos del cobre, desde el 2002, ha ido a un fondo de reserva que es administrado por el Banco Central.

Desde 2012 está pendiente en el Senado un texto sustitutivo de la Ley 13.196, que fue aprobado transversalmente por la inmensa mayoría de los diputados.

Dicho proyecto establece la necesidad de una planificación de la Defensa a 12 años, con una actualización, cada 4 años, al inicio de cada periodo presidencial, con presupuestos cuatrianuales aprobados y fiscalizados por el Parlamento, la constitución de un fondo de contingencia, que no sólo se utilizaría en caso de conflictos bélicos sino también para financiar la acción de las FF.AA. ante desastres naturales.

¿Por qué no ha avanzado en su trámite legislativa? En mi opinión, porque el presupuesto plurianual no es aceptado por el Ministerio de Hacienda (independientemente del gobierno de turno) y porque su titular con la actual ley tiene la llave, mediante su firma, de decidir los montos que se destinan a Defensa. Esto convierte cada autorización de gasto en un verdadero duelo ente el Ministro de Defensa y el de Hacienda, que casi siempre termina para la resolución del Presidente. Adicionalmente, los dineros acumulados son considerados como “ahorro nacional” para los informes al FMI y BM, lo que contribuye a avalar la solvencia económica de Chile. Es necesario el reemplazo de la ley 13.196 por un sistema moderno y democrático que asegure un financiamiento permanente y apropiado para mantener las capacidades y operatividad de nuestras FF.AA. para salvaguardar la paz y la integridad territorial de Chile, como condición indispensable para su estabilidad y desarrollo.