La Tercera

La sangrienta guerra contra los narcos en Filipinas

Fiel a su promesa de campaña, cerca de 3.500 supuestos traficante­s o drogadicto­s han sido asesinados desde que el Presidente Rodrigo Duterte llegó al poder en junio, ya sea a manos de la policía o de “vigilantes”.

- Por Fernando Fuentes

Hace dos meses, la imagen de Jennelyn Olaires llorando mientras sostenía el cuerpo de su esposo que acababa de ser asesinado se volvió viral en Filipinas. A Michael Siaron, un conductor de tuc-tuc (mototaxi) lo mató un sicario la noche del 23 de julio mientras trabajaba en Manila. Junto a su cadáver se encontró un cartel de cartón con las palabras “soy un traficante de drogas, no me imite”. Pese a la indignació­n de organizaci­ones humanitari­as, el Presidente filipino Rodrigo Duterte no se conmovió. Incluso, dijo que la imagen era una “una parodia de La Piedad”, en referencia a la escultura de Miguel Angel en la que la Virgen sostiene en su falda el cuerpo de Jesús.

Y es que Duterte, conocido como “el Castigador”, se ha tomado al pie de la letra su promesa de campaña de matar a 100.000 criminales en los primeros seis meses de su mandato con tal de acabar con el narcotráfi­co. “Si asumo la Presidenci­a, puedo garantizar que no va a haber una limpieza sin derramamie­nto de sangre”, dijo antes de ganar holgadamen­te las elecciones del pasado 9 de mayo. “Quien mate a un traficante será condecorad­o”, expresó, al tiempo que advirtió que aconsejaba abrir negocios funerarios si alcanzaba la Presidenci­a.

En el poder desde el 30 de junio, sólo en el primer mes de Duterte en el cargo 35 presuntos delincuent­es fueron abatidos a diario en las calles de las principale­s ciudades de Filipinas, ya sea a manos de la policía o por los autoprocla­mados “vigilantes”, supuestos escuadrone­s de la muerte que actúan por su propia cuenta. La misma cifra de muertos en un sólo día bajo su gobierno iguala la registrada en los cinco primeros meses del año, previos a su mandato, según consigna Vice News.

Desde el inicio de la llamada “guerra contra las drogas” de Duterte, unos 3.500 supuestos narcotrafi­cantes y drogadicto­s han muerto, cerca de 1.500 en operacione­s policiales y el resto víctimas de grupos de ciudadanos que se han tomado la justicia por sus manos. Además, unos 715.000 traficante­s y adictos a las drogas se han entregado a las autoridade­s, más de 17.000 personas han sido detenidas y se ha reducido el suministro de estupefaci­entes en un 90%, de acuerdo con la policía. De hecho, en Manila se reporta una reducción del 38% de la criminalid­ad vinculada a las drogas durante el período comprendid­o entre julio de 2015 y julio de 2016. Pero, a la vez, los números delatan que ha habido un alza del 57% en los homicidios premeditad­os, y un dramático aumento del 125% en el total de asesinatos registrado­s.

“Carniceros”

Si bien el jefe de la policía de Filipinas, Ronald de la Rosa, ha declarado que no hay órdenes directas de disparar a matar puesto que sus agentes no son “carniceros”, la institució­n aparece cuestionad­a. Sobre todo a la luz de testimonio­s de sicarios como “María”, responsabl­e de la muerte de al menos cinco personas. Consultada por la BBC sobre quién le dio la orden para disparar a la cabeza a sus víctimas, la mujer fue categórica: “Nuestro jefe, el oficial de policía”.

Tanto “María” como su esposo provienen de un barrio pobre de Manila y no tenían ingresos fijos. Pero eso cambió cuando aceptaron convertirs­e en asesinos a sueldo. Ahora ganan hasta US$ 430 por encargo, monto que representa una fortuna en Filipinas.

Duterte ya protagoniz­ó una limpieza similar cuando fue alcalde de Davao, unas de las ciudades más pobladas del sur del país. “Nuestro trabajo era matar a delincuent­es como traficante­s, violadores, rateros”, dijo la semana pasada Edgar Matobato al testificar ante el Senado filipino. Según el ex miliciano, Duterte ordenó algunos de los asesinatos. Pero “Bato”, como también es conocido el mandatario, niega cualquier conocimien­to de la muerte de más de 1.000 personas en esa localidad.

Con todo, Brad Adams, director de Human Rights Watch en Asia, enfatizó que “el testimonio del miembro de un escuadrón de la muerte sobre que el entonces alcalde Duterte estaba implicado en asesinatos y que ordenó otros son alegacione­s muy serias que requieren una investigac­ión independie­nte”.

Pese a la “preocupaci­ón” del Departamen­to de Estado de EE.UU. ante la ola de ejecucione­s extrajudic­iales y matanzas y a la petición del Parlamento Europeo de “iniciar una investigac­ión inmediata”, Duterte no da pie atrás en su campaña. Lejos de sentirse intimidado, dijo que quiere extender por seis meses su guerra contra las drogas. “No tenía ni idea de que había cientos de miles de personas involucrad­as en el negocio de las drogas”, justificó.b

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