Certeza jurídica en el derecho de propiedad Aunque es valorable que el ministro de Hacienda haya hecho un llamado a preservar este principio, es llamativo que una materia antes incuestionada ahora deba ser objeto de una defensa explícita.
ESTA SEMANA el Ministerio de Hacienda convocó a expertos del BID y académicos internacionales para recoger la experiencia de otros países en procesos constituyentes. Esto se produce luego de que el gobierno decidiera mantener como prioridad de esta administración el desarrollo de una nueva Constitución. En la oportunidad, el ministro de Hacienda señaló que “la certeza jurídica en la protección del derecho de propiedad es clave para el desarrollo del país”, palabras en las que parecen subyacer los temores que se han desarrollado en el sector privado a raíz de una serie de iniciativas legales llevadas a cabo en el último tiempo que, en vez de fortalecer la certeza jurídica en nuestro país, la han debilitado, lo que resulta un retroceso en nuestra tradición institucional.
Es valioso que el ministro haya expresado una preocupación por cuidar uno de los activos más importantes del país –y que ha sido un elemento diferenciador en América Latina- como es la protección del derecho de propiedad. Ello contrasta, sin embargo, con las agendas que llevan otros ministerios, que siguen sumergidos en la lógica refundacional. Aun cuando Hacienda ha dado muestras de buscar un manejo responsable de las finanzas públicas y traer cierta moderación al debate público -así se ha visto, por ejemplo, en la reciente tramitación del presupuesto de la Nación, o en la discusión sobre Comisión del Mercado Financiero, lamentablemente ha carecido de la suficiente fuerza para detener estas olas reformistas que provienen desde el propio gobierno, y que afectan precisamente la certeza jurídica del derecho de propiedad.
A modo de ejemplo, la reforma laboral aprobada durante esta administración lesiona las facultades de administración de las empresas, vulnera la libertad de contratación y valida un esquema de relaciones laborales más conflictivas al interior de las empresas, al otorgarle mayor poder a los sindicatos y prohibir el reemplazo en huelga. Por su parte, la reforma al Código de Aguas, introduce elementos que debilitan los derechos de propiedad de los recursos hídricos, al acotar el plazo que disponen sus propietarios. Otras reformas que siguen en curso, como el proyecto que fortalece al Sernac, reflejan un espíritu crítico de la actividad privada y un sesgo ideológico que no se condice con el necesario apoyo a la libertad de emprender.
Más preocupante aún es el desarrollo del proceso constituyente. El énfasis en todo momento ha estado puesto en el mecanismo mediante el cual se lleva a cabo, pero no se ha informado debidamente qué aspectos motivan una reforma de esta envergadura. Tanto el programa del actual gobierno, como declaraciones de autoridades de esta administración que han acusado lo que consideran una exacerbación del derecho de propiedad, apuntan, más bien, a un debilitamiento de la certeza jurídica.
A pesar de los esfuerzos -aún insuficientes- por parte del Ministerio de Hacienda por racionalizar la discusión y sacarla del plano ideológico, persisten las amenazas a nuestra institucionalidad económica. La defensa irrestricta del derecho de propiedad es absolutamente necesaria, pero al hacerla explícita queda de manifiesto el debilitamiento de principios que hasta hace muy poco tiempo eran simplemente incuestionables, y que hoy deben ser objeto de una defensa pública debido a eventuales amenazas.