Tras una intensa negociación, la oposición llegó a un acuerdo con el gobierno para evitar que la glosa de gratuidad llegara al TC. Éste consiste en homologar a los planteles privados las becas que se daban a las universidades del Cruch.
EN UNA sociedad libre, las decisiones sobre qué hacer, cómo hacerlo y para quién hacerlo son adoptadas por las interacciones de millones de voluntades que revelan sus preferencias ante miles de emprendedores dispuestos a satisfacer las necesidades insatisfechas de la manera más eficiente posible. Sin embargo, hay fallas de mercados, como las externalidades, asimetrías de información y problemas de coordinación que dificultan una interacción que permita que se lleven a cabo actividades que benefician a todos.
En la educación superior, al igual que en otros sistemas complejos, existen estas fallas de mercado que requieren de una intervención del Estado para lograr que los recursos destinados a la formación de capital humano, así como a ciencia y tecnología converjan a lo socialmente óptimo, es decir, incluyendo tanto la valoración privada como social.
Ahora bien, la inteligencia se distribuye aleatoriamente entre todas las personas por lo cual, al enfrentarse los estudiantes a pruebas estandarizadas de acceso a educación superior, logran ser aceptados los que provienen tanto de familias de altos ingresos como de las más modestas. Lamentablemente, la mala calidad de los colegios donde asisten los más pobres reduce significativamente la posibilidad de rendir exitosamente el test de ingreso, por lo cual la población de estudiantes en educación superior contiene una subrepresentación de estudiantes vulnerables económicamente.
A pesar de la radical barrera señalada, hay alumnos que logran ser aceptados en universidades y sus familias no son capaces de pagar el arancel, por lo cual, de no existir créditos o becas, dichos estudiantes no podrán estudiar, con lo cual toda la creación potencial de valor de ese joven para la sociedad nunca existirá.
Hasta aquí toda la reflexión es consistente y debería concluir con los instrumentos, su financiamiento y el monitoreo respectivo para evitar filtraciones, lo que en el caso de las becas debería contemplar un vector de requisitos que contemplen certificación de vulnerabilidad social, puntaje PSU y porcentaje de avance en el programa de estudios. La sorpresa es que en el sistema de becas chilenas, además del vector señalado, considera si la carrera es dictada por alguna universidad del Consejo de Rectores (Cruch) o lo es en alguna otra institución de educación superior.
En efecto, la Beca Bicentenario para alumnos del Cruch y la Beca Juan Gómez Millas para alumnos matriculados en universidades no Cruch, tiene el mismo vector de requisitos exigidos a sus postulantes, pero el beneficio otorgado es sustancialmente diferente ya que la Beca Bicentenario puede llegar hasta $ 3.000.000 mientras que la Beca Juan Gómez Millas no supera los $ 1.150.000. Esta desigualdad no responde a las características de los alumnos y, de hecho, una pareja de gemelos podría recibir una beca diferente porque uno de ellos prefirió una universidad Cruch y el otro una no Cruch, a pesar de que viven en la misma casa, obtuvieron el mismo puntaje PSU y les va igual de bien en sus estudios. Esta discriminación no tiene soporte conceptual y por tanto debía ser eliminada.
A pesar de que esta discriminación arbitraria ha sido denunciada reiterada-
La desigualdad en las becas no responde a las características de los alumnos. Este acuerdo permitirá que cualquier joven con talentos, pero sin recursos económicos pueda estudiar la carrera que desee.
mente en sucesivas discusiones presupuestarias, no hubo cambio alguno hasta que la manifiesta inconstitucionalidad de la propuesta del Ejecutivo para el presupuesto 2017, abrió una ventana de oportunidad para corregir esta anomalía en la política pública de apoyo a los estudiantes.
El acuerdo político impulsado por Chile Vamos, al cual adhirió parte de la Nueva Mayoría, permitió avanzar en la dirección correcta, esto es que cualquier joven con talentos, pero sin recursos económicos, pueda estudiar la carrera que desee sin mayor requisito que cumplir la exigencia académica que la universidad establece para todos los alumnos.