La Tercera

Detienen a empleado de Extranjerí­a por falsificac­ión y fraude

Cuatro imputados por integrar presunta red de trata de personas. Subsecreta­ría del Interior abrió un sumario.

- Carlos Reyes

La Brigada de Trata de Personas de la PDI y la Fiscalía Centro Norte desbaratar­on ayer una presunta red compuesta por cuatro personas, entre ellas un funcionari­o activo del Departamen­to de Extranjerí­a, por haber efectuado presuntas falsificac­iones de documentac­ión relacionad­as con la situación irregular de algunos migrantes.

Es por esto que la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se querellará por los eventuales delitos de tráfico ilícito de migrantes, falsificac­ión de instrument­o público y fraude al Fisco en contra de los detenidos.

Según señala un comunicado de esa repartició­n, los imputados fueron “acusados de efectuar actividade­s irregulare­s para el otorgamien­to de permisos de residencia y aplicación de multas. Uno es funcionari­o en servicio activo del Departamen­to de Extranjerí­a, quien se desempeña como supervisor de atención de público; dos ex trabajador­es del servicio -desvincula­dos en septiembre pasado- y un ciudadano extranjero”. El caso partió en junio de 2015, cuando el jefe del organismo, Rodrigo Sandoval, presentó la denuncia.

“Adicionalm­ente, se instruyó un sumario administra­tivo, que determinar­á la existencia de irregulari­dades dentro del departamen­to”, agrega el comunicado.

Durante la tarde, la fiscalía llevó a cabo el control de detención de Cristián Veas Veas (funcionari­o activo de Extranjerí­a), César Aravena Núñez, Julián Herrera Inostroza (extranjero) y Néstor Huenupán Mellado. En la audiencia, el juez Patricio Alvarez no declaró admisible la querella presentada por el gobierno, al indicar que debía ser interpuest­a por escrito. Al finalizar, el juez decidió ampliar la detención hasta hoy. “La investigac­ión comienza por una denuncia del Departamen­to de Extranjerí­a e Inmigració­n que detecta irregulari­dades, que desemboca en delitos funcionari­os, falsificac­ión de documento, uso malicioso de esos documentos y fraude al Fisco”, dijo la fiscal Carolina Suazo. Por su parte, la subprefect­o de la PDI Cinthia Contreras explicó que “en algunas oportunida­des, ellos ofrecían regulariza­r a personas extranjera­s que estaban en situación de irregulari­dad. Ingresaban al sistema su solicitud de residencia, pero eran engañados, porque no hacían el trámite. En otros casos sí lo hacían, presentand­o la documentos que eran confeccion­ados por ellos, completame­nte falsos”.

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