Negativas consecuencias de la gratuidad El hecho de que haya universidades que prefieran excluirse de la gratuidad evidencia cómo esta política distorsiona las bases del sistema educacional.

ESTA SEMANA se cumplió el plazo para que las instituciones de educación superior que cumplían los requisitos manifestaran su interés de ser parte del sistema de gratuidad. Como era esperable, no hubo mayor novedad entre las universidades –ingresaron los nuevos planteles estatales de O’Higgins y Aysén, ninguna se retiró y no hubo nuevas instituciones interesadas en ser parte de dicho sistema. En el caso de los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) ingresó la mayor parte de los que cumplían con los requisitos. En definitiva, de un total de 82 instituciones acreditadas y de 50 que cumplían con los requisitos, 43 serán instituciones gratuitas para los alumnos que resulten elegibles. Este panorama, sin embargo, lejos de representar una cierta normalidad refleja en cambio un preocupante inmovilismo, producto de los radicales cambios que el oficialismo está introduciendo en el sistema universitario y que naturalmente debilitan las certezas que necesita cualquier proyecto académico para desplegarse.

Tras informes que revelaron graves déficit en varias de las universidades adscritas a la gratuidad, y debido a los retrasos en el traspaso de recursos hacia las instituciones -entre otras restricciones-, no es sorpresivo que las cinco universidades que cumplen con los requisitos y que no se unieron al sistema este año optaran por marginarse. Así, parece evidente que la decisión de no ingresar al sistema muestra lo insostenible de éste para instituciones que se financian únicamente a través de aranceles –según información del Mineduc todas ellas presentaron déficits-, y también para aquellas que reciben fondos basales y desarrollan proyectos más complejos -como las universidades de Chile y Católica-, que igualmente presentan déficits significativos.

Estos antecedentes deberían llevar a tomar conciencia de cómo la gratuidad está modificando las bases del sistema educacional, forzando a transitar desde uno donde los proyectos académicos se desplegaban libremente en función de sus propios objetivos, hacia otro en que esa sana competencia se diluye y la asignación de recursos queda condicionada a un arancel único que no distingue entre la complejidad de cada proyecto, poniendo en riesgo la solvencia de entidades que han hecho una probada contribución al país.

El hecho de que haya instituciones que prefieran quedarse fuera de la gratuidad -a pesar de los costos que ello les pueda conllevar- es un potente indicio de cómo esta política está empezando a afectar al sistema. Dichas señales, sumadas a las dificultades que han surgido para poner de acuerdo a las distintas universidades, deberían ser motivo suficiente para que el Ejecutivo rectifique esta reforma. Si como mencionó la Presidenta “en la gratuidad no hay vuelta atrás”, cuando menos se deberían tomar las precauciones para que el acceso gratuito de los alumnos no signifique trabas al desarrollo de proyectos educativos de calidad ni a las esenciales labores de investigación que cumplen las universidades. Tal rectificación debería acompañarse de una revisión en profundidad de los criterios con que el Estado está focalizando el gasto, el cual debe conjugarse con la necesidad de invertir más recursos donde éstos pueden generar mayores impactos para igualar oportunidades, como son la educación pre-escolar y básica.