Salud evalúa ampliar inhabilitación a médicos que no devuelvan becas
Mediante ley, profesionales serían sacados del registro de prestadores y no podrían atender Auge/Ges en centros públicos ni privados Colegio Médico dice que, aunque es necesario fortalecer sanción, medida implicaría desconocer el título de los especialist
Un proyecto de ley que endurezca y amplíe la inhabilitación a los médicos que obtuvieron becas estatales, pero que luego incumplen la condición de trabajar en el sistema público, está analizando el Ministerio de Salud.
La iniciativa se enmarca en el modelo de formación actual, donde los egresados de medicina, mayoritariamente, optan a su especialidad por medio de una beca financiada por el Estado, del Programa de Formación de Especialistas y Subespecialistas. A cambio, al término de su instrucción, de dos y tres años, los profesionales deben realizar un Período Asistencial Obligatorio (PAO) en hospitales o consultorios, por el doble del tiempo que duró su beca.
En caso que el especialista no cumpla esta última disposición, el Estado puede inhabilitarlo para ocupar cualquier cargo público, por un plazo de hasta seis años, y obligarlo a pagar una multa de hasta $ 200 millones.
Sin embargo, las sanciones no han desincentivado del todo a los especialistas recién formados. A septiembre de este año, son 102 los médicos que no han cumplido el PAO a nivel nacional, de los cuáles hay 66 que ya están siendo multados y otros 36 casos en revisión.
El caso más complejo es Atacama, donde hay seis de estos casos. Además, según el senador Baldo Prokurica (RN), entre 1995 y 2010, de las 36 becas de especialización entregadas, nueve no fueron devueltas y 10 están pendientes, lo que implica 52,7% de incumplimiento.
No se trata, eso sí, de una conducta generalizada: actualmente, a nivel nacional, hay 2.014 médicos cumpliendo con el compromiso de su beca.
El proyecto del Minsal -amparado en el déficit de espe-
3,1% cialistas y las listas de espera de consultas y cirugías-, busca que quienes desistan del PAO, sean retirados del Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud, lo que les impediría entregar prestaciones del Auge/Ges -que significan casi el 70% de la carga de enfermedad del país- tanto en el sector público como en el privado.
“No estar en el registro es importante, porque implica que el profesional no puede trabajar en aquellas prestaciones que obligan, por la garantía de calidad del Auge/Ges, a estar inscritos. Estamos de acuerdo con ser más drásticos en la sanción, pero también vamos flexibilizar la forma en que los becados devuelven su período obligatorio”, señaló Gisela Alarcón, subsecretaria de Redes Asistenciales.
Ser parte del registro de prestadores es uno de los requisitos de la garantía de calidad del Auge/Ges y, mientras en Fonasa suman 25 millones de prestaciones desde 2005, datos de la Asociación de Isapres revelan que más de un millón de usuarios del sistema privado se ha tratado alguna enfermedad del programa.
Enrique Paris, presidente del Colegio Médico, dijo que, aunque es necesario fortalecer las sanciones, “el título lo entrega la universidad y no el Minsal, por lo que si un médico ha obtenido su título de especialista y se ha inscrito en el registro de prestadores, sería bastante difícil sacarlo de ahí, porque sería desconocer su título”.
En la misma línea, Eugenio Grasset, presidente de Residentes Chile -que reúne a los médicos que cursan su especialidad con beca del Estado-, dijo que “los abogados que nos asesoran argumentan que habría una especie de inconstitucionalidad al impedirse el ejercicio libre de la profesión”.
Luis Ibañez, decano de la Facultad de Medicina de la U. Católica, señaló que “creo que está bien que aumenten los castigos, porque es un sistema que se debe cuida, dado que hoy es crítica la situación de los especialistas”. Agregó que “sería bueno que una norma considerara también el rol que tiene el empleador en estas situaciones, para evitar que se paguen las multas de esta forma”.
Antonio Orellana, decano de la Facultad de Medicina de la U. de Valparaíso, señaló que “hay que buscar sanciones porque es una responsabilidad. Ellos recibieron una formación pagada con el dinero de todos los chilenos y tienen la obligación de devolverle al país”.
El senador Prokurica, respecto al caso de los médicos de Atacama, dijo que “nunca volvieron y hoy están atendiendo en clínicas privadas o en otros recintos o instituciones de salud del país, que nada tienen que ver con nuestra región ni el sector público de salud”.b