Aniversario del Transantiago
Señor director:
Mañana se cumplen 10 años del Transantiago, el plan de transporte que pondría a nuestra capital, según sus propios ideólogos (políticos, académicos y técnicos), como un referente de clase mundial. Nada más ajeno a la realidad.
En 10 años los buses han perdido cerca de un 40% de demanda, sus costos se han más que duplicado, la evasión se aproxima a récords históricos de 30% y la aprobación ciudadana del servicio varía entre un 10 y 20%. Estos antecedentes duros parecieran no importarles ni a sus defensores ni a las autoridades de gobierno. Siguen impulsando su sistema pese al evidente deterioro y a la insostenibilidad del mismo.
Creo que la razón de esta insistencia es de tipo ideológica: el fracaso del Transantiago representa el fracaso de un paradigma que considera a los buses como eje central del transporte público en las grandes ciudades. Representa el fracaso de dos generaciones de técnicos y académicos de transporte que han dedicado parte importante de su vida profesional a “demostrar” las evidentes ventajas de los sistemas de buses por sobre otras tecnologías.
Después de 10 años de evidencia, es innegable que si no se implementan cambios sustanciales, Transantiago seguirá deteriorándose.
En el corto plazo, es urgente expropiar los terminales de buses para mejorar la competencia y calidad del servicio, y disminuir costos. También se requiere aumentar significativamente el número de operadores, y reducir el tamaño de los buses. En el mediano plazo, y tal como ocurre en las grandes ciudades con buen transporte público, la solución requiere alcanzar 300 kilómetros de Metro, sumar trenes de cercanía, tranvías y teleféricos.
Esta es la única manera de evitar el sostenido deterioro de todos los indicadores del Transantiago, y generar un sistema de transporte sustentable en el tiempo, evitando que las personas sigan escapándose de los buses hacia el automóvil u otras alternativas que satisfagan mejor sus necesidades. como mensajes y otros de nuestra autoría.
De todas maneras nuestro sistema de gestión de riesgos y desastre debe considerar no solo afrontar en forma operativa estas tragedias, sino también revisar a nivel estratégico una nueva estructura para afrontar el ciclo completo; eso incluye educación, reconstrucción y enfrentar el desastre.
Chile debe estar preparado ante este tipo de circunstancias. Los avances han sido importantes, pero las decisiones políticas con prioridades distintas del gobierno las han postergado. El sistema de gestión de riesgos y desastres no puede seguir truncado, ya sea por malas decisiones que radican en lentitud operativa, o por falta de desarrollo de capacidades.
Nuestro país ha vivido muchos desastres y tenemos muchas lecciones aprendidas que aplicar; sin embargo, para eso requerimos con urgencia una nueva estructura con una visión a nivel estratégico y no de corto plazo. En este escenario la percepción ciudadana con base en la realidad es que la sociedad civil, finalmente, llega antes que el Estado. exige un alto grado de responsabilidad, que lamentablemente no se observa en este caso.
Jugar con las expectativas de las personas, especialmente de las más vulnerables, atenta contra los principios básicos que las autoridades están obligadas a defender. la aportación de antecedentes falsos. Además se podrían configurar otros ilícitos, como injuria, calumnia o infracción a la Ley de Prensa, que sanciona las publicaciones destinadas a promover hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad.
Si bien se valoran estas medidas, es delicado eliminar unilateralmente sitios web sin la certeza de la falsedad de las noticias, ya que ello podría convertirse en un atentado a la libertad de expresión. La censura previa está prohibida por nuestra Constitución y diversos tratados internacionales. Por ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles, el combate a la propagación de noticias falsas pasa en primer lugar por nosotros.
La cifra que reveló Cadem esta semana es alarmante: casi el 80% de los encuestados tuvo acceso a datos adulterados y el 25% los reenvió. Compartir noticias falsas es echar bencina a la desinformación, haciendo más difícil la labor de la autoridad.
Los algoritmos de Facebook y Google pueden mejorar y el Ministerio Público puede investigar eventuales ilícitos, pero al final del día, somos los ciudadanos los llamados a usar las redes sociales de manera responsable. Antes de compartir, detengámonos y chequeemos la fuente. De esa forma cuidamos la libertad de expresión, y en definitiva, nuestra democracia.