Los cinco funcionarios que la Contraloría denunció ante el Ministerio Público
► Imputados pertenecen a los gobiernos regionales de Los Lagos y Biobío, Hospital de Concepción, al MOP y a la Subdere. ► Ayer, el Consejo de Defensa del Estado envió un oficio a la fiscalía y al órgano contralor pidiendo los antecedentes.
El Ministerio Público está analizando los antecedentes entregados por el contralor Jorge Bermúdez el jueves, en que se denuncian presuntos delitos de negociación incompatible en 5 reparticiones públicas.
Según fuentes ligadas a la investigación, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Obras Públicas, el oficio también apunta a los jefes de servicios de la administración de finanzas y de otras áreas del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, ubicado en Concepción, y de las gobernaciones regionales de Los Lagos y del Biobío.
Las fuentes señalan que una de las funcionarias públicas denunciadas es Andrea Martínez Artigas, quien -según Gobierno Transparente- es la jefa de Unidad de Personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP. Está con régimen de contrata y gana una remuneración bruta de $ 2.372.619.
Otro de los funcionarios a los que apunta la denuncia de Contraloría es Patricio Sáez Bustos, jefe del Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente. Según Gobierno Transparente, está a contrata y percibe un sueldo mensual bruto de $ 1.646.845. De acuerdo con su cuenta en Linkedin, es docente del Departamento de Ingeniería Civil de la U. de Concepción.
También se incluye al jefe del Departamento de Finanzas de la Subdere, Juan Alvear Balmelli. En Dicom figura con un auto y una casa avaluados en $ 56 millones.
A ellos se suma Gloria González Sáez, jefa de la División de Planificación del Gobierno Regional de Los Lagos. Según Dicom, es socia de al menos tres compañías.
La quinta implicada, de acuerdo a la denuncia del órgano contralor, es Daniela Moraga, quien según Gobierno Transparente ocupa el cargo de jefa del Departamento de Inversiones y Municipalidades en el Gore del Biobío, desde 2014.
De acuerdo a lo señalado por Bermúdez el domingo a La Tercera, las denuncias se basaron en que “descubrimos situaciones tan anómalas como cónyuges de funcionarios con grandes patrimonios (…). Pero lo peor que detectamos es que sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio público en que éstos trabajan”. La indagación se realizó luego del fraude de Carabineros detectado hace unas semanas y se centró en una muestra aleatoria de entidades públicas que manejan altos montos de dinero. El contralor explicó que las auditorías se realizaron durante dos semanas, contrastando las declaraciones de intereses de algunos funcionarios con la información que maneja el Estado.
“Esta es una situación que tiene visos de eventual delito de negociación incompatible, lo mínimo que podemos hacer es darle esos antecedentes al Ministerio Público para que a través de sus facultades intrusivas ellos puedan investigar”, dijo Bermúdez en la entrevista.
Por ello, ayer el fiscal nacional,