Negativo rumbo en reforma a la educación superior Pese a ser aprobado en la Cámara, el proyecto en discusión sigue siendo una mala respuesta a los perfeccionamientos que requiere el sistema.
TRAS LA incertidumbre producida por el rechazo en la comisión de educación de la Cámara de Diputados al proyecto de ley de reforma a la educación superior, el mismo fue aprobado holgadamente en la sala. De este modo, la administración Bachelet salva su proyecto más emblemático y evitó un traspié que hubiese tenido profundas consecuencias en la coalición gobernante. Pese a ser aprobado, el proyecto en discusión sigue siendo una mala respuesta a los perfeccionamientos que requiere el sistema.
La indicación aprobada, que sustituyó al proyecto original, incluso tiene aspectos que retroceden respecto a la primera versión y que responden al lobby ejercido por parte de los actores del sistema. Así, por ejemplo, no solo se mantienen los recursos que se entregan por criterios históricos a las instituciones del Consejo de Rectores, sino que se reafirma en la ley que tendrán un tratamiento privilegiado en cuanto a recursos y en influencia, pese a que solo forman a poco más de un cuarto de los estudiantes.
Por otro lado, se insiste en crear una subsecretaría específica para el área sin mayor justificación ya que las funciones que se le asignan son similares a las que actualmente se realizan en el Ministerio de Educación, sin que exista una necesidad de incrementar el tamaño del Estado para realizarlas. Dicha subsecretaría estaría adicionalmente a cargo del sistema de admisión agregando un componente político que es indeseable, más aún en un sistema que, en términos generales y más allá de las mejoras que deben realizarse a la PSU, da garantías de transparencia e imparcialidad.
En el caso de la Superintendencia, el proyecto es bastante similar al presentado por el exministro Felipe Bulnes el año 2011, iniciativa que no logró mayor avance en su tramitación, justamente por la oposición de quienes hoy componen la Nueva Mayoría. Por su parte, las modificaciones propuestas al sistema de acreditación, mantienen la obligación de acreditarse en todas las áreas incluyendo la investigación, desconociendo que muchos jóvenes buscan una formación menos compleja y focalizada en su inserción laboral, especialmente aquellos que asisten a instituciones técnico-profesionales, y desconociendo que en el mundo solo unas pocas instituciones -del orden de 5% en EE.UU.- son, efectivamente, instituciones de investigación.
Finalmente, se insiste con políticas que han probado ser erróneas como la gratuidad, que ha generado profundos problemas de financiamiento y que debilita la autonomía de las instituciones, o el administrador provisional, que demostró que es una herramienta inútil y contraproducente para casos como el que vivió la Universidad Arcis.
Como si las deficiencias en el proyecto no fuesen suficientes, para su aprobación el gobierno se comprometió con ciertos parlamentarios a terminar con el crédito con aval estatal para reemplazarlo por otro mecanismo del que no se conocen mayores detalles, y con los rectores de las universidades estatales a enviar un proyecto específico para dichas instituciones. Estas iniciativas pueden terminar por desdibujar un sistema de educación superior que, pese a sus debilidades y problemas, ha logrado que nuestro país cuente con altas tasas de matrícula y con significativos premios salariales a quienes participan de ella y una diversidad de instituciones que ha aportado al desarrollo social, cultural y científico de Chile.